Esta mañana, el diputado Juan Pablo Funes Bianchi, presidente del bloque Todos Unidos, habló con La Gaceta sobre el proyecto de pedido de informes que ha presentado con respecto a la Ley de Bomberos Voluntarios, la cual fue aprobada en 2017, reglamentada en 2019 y todavía no se está aplicando.
“Hay una discusión de si al ser bomberos voluntarios no deberían tener ninguna contraprestación. Me parece que hay que profundizar, porque no tiene que ver con el término, sino con lo que hacen por la sociedad y cuáles son las prioridades de un estado”, dijo Funes Bianchi, quien señaló que esta ley fue reglamentada en junio de 2019 y que “a partir de ese momento debería haber entrado en ejecución”.
La ley incluye beneficios como cobertura de Dosep para los bomberos y sus familias, seguro contra accidentes personales, pensiones no contributivas para quienes tengan más de 25 años de servicio, 500 litros de combustible para cada cuartel y un subsidio para cada asociación.
“Tiene muchos beneficios, a mi me gustaría que tenga más y de hecho estamos evaluando la posibilidad de hacer una nueva ley, ampliarla o modificarla. Pero en principio lo que necesitamos es que esté en ejecución y que el seguro para accidentes esté cubierto”, dijo el legislador, destacando que “por como está compuesta la ley, se pone como un cuello de botella en la Federación de Bomberos y en San Luis Solidario”.
Con esto último, el diputado se refirió al hecho de que, para acceder al subsidio anual, las asociaciones de bomberos deben contar con personería jurídica vigente y reconocida por San Luis Solidario. “Ahí se está trabajando en la conformación de la Federación y en la elección de las autoridades. El órgano de aplicación es San Luis Solidario y si te ponés a pensar que el jefe de San Luis Solidario y el presidente de la Federación es la misma persona, el proceso debería agilizarse, debería buscarse la posibilidad de llevarlo a cabo. No puede ser que los bomberos además estén con la cuestión burocrática, ellos están preocupados por apagarnos los incendios”, manifestó Funes Bianchi.
“Hay que sentarse a diagramar que los cuarteles tengan los mecanismos y herramientas para poder ingresar y tener la celeridad necesaria para que esta ley esté en ejecución. En las épocas que no son de incendios hay que ponerse a trabajar para que tengan todos los beneficios”, continuó el diputado de Todos Unidos.
“A mi me causa mucho estupor ver que un bombero tenga que estar con los borcegos remendados. Me parece que lo mínimo que el Estado le tiene que dar son los elementos necesarios. Esto no es solo lo que yo he estado viendo, sino que es asumido por el Gobierno de la provincia, lo dijo la jefa de Gabinete en junio cuando vino a dar el informe. Dijo que si bien está vigente la ley, no está en ejecución. Son dos cosas diferentes. Dijo, ‘al fin y al cabo no les estamos pagando’. Para eso hacemos este pedido de informe, para que nos expliquen el porqué”, concluyó Funes Bianchi.
La historia de esta ley
La Ley de Bomberos Voluntarios se aprobó en 2017, pero en realidad tiene su origen en el año 2015, cuando se aprobó la Ley de Hacedores de la Puntanidad, durante el último mes de la gobernación de Claudio Poggi. Una de las primeras cosas que hizo Alberto Rodríguez Saá cuando asumió su tercera gobernación fue vetar esta ley. Tras más de un año de protestas por parte de bomberos de toda la provincia, se presentó un proyecto superador el cual se aprobó poco después de los incendios que azotaron La Punta en 2017 y, oh casualidad, 4 días antes de las elecciones de ese año.
