El concejal de San Luis Unido, Guillermo Araujo, presentó en el Concejo Deliberante el pedido de juicio político contra el intendente capitalino, Sergio Tamayo, acusándolo de mal desempeño de sus funciones por uno de los aspectos del convenio que la Municipalidad hizo con Edesal. Es muy probable que el proyecto de juicio político no prospere debido a los plazos de tramitación y que la oposición deberá tener la mayoría en la Comisión Investigadora en 2021.
A fines de septiembre, la Municipalidad de San Luis firmó con la empresa un acuerdo para que Edesal cobre las tasas y servicio municipales en sus boletas. Un aspecto del convenio, que se conoció en la respuesta a un pedido de informe que hizo el Concejo al Municipio, es que Edesal se irá cobrando en 36 cuotas la deuda de $25 millones que la Ciudad le debe por un juicio.
“Hace tiempo que veíamos y veníamos advirtiendo algo extraño e irregular en este acuerdo. Le reconoce la deuda de manera irregular porque lo hace sin tener un procedimiento administrativo correcto, que es lo que indican las ordenanzas, y sin tener la aprobación del Concejo Deliberante que también es una condición necesaria para celebrar este tipo de acuerdos”, consideró Araujo.
Para el concejal era necesario un dictamen jurídico y administrativo como parte de los procedimientos administrativos establecidos.
El avance del juicio político
Como bien se mencionó al principio de la nota el pedido de juicio político es un proyecto y en este sentido tiene varios pasos que se deben cumplir para que se concrete.
Araujo explicó que el proyecto toma estado legislativo este jueves que es la última sesión del año. Luego, la iniciativa es remitida a la Comisión Investigadora que se encargará del análisis de los requisitos formales del pedido de juicio político. Tiene un plazo de 30 días hábiles para expedirse, según dice la Carta Orgánica Municipal.
Una vez cumplido tales requisitos, la Comisión Investigadora remite el proyecto a la Sala Acusadora, la que deberá aprobar o rechazar el dictamen con las dos terceras partes de los votos de sus miembros. En la actualidad, el oficialismo tiene la mayoría en la Comisión Investigadora y será de vital importancia quién tenga la mayoría el año que viene porque determinará el avance o no del juicio político.
Luego, la Sala Acusadora remitirá las actuaciones a la Sala de Sentencia que deberá estudiar todos los aspectos de la causa y en 45 días hábiles se deberá expedir. Si no se expide en el plazo mencionado, el intendente volverá a sus funciones sin que el juicio pueda remitirse.
El fallo de la Sala de Sentencia será con los dos tercios de los votos de sus integrantes.
