E]l concejal de San Luis Unido Guillermo Araujo denunciĆ³ penalmente al intendente de San Luis, Sergio Tamayo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violaciĆ³n de los deberes de funcionario pĆŗblico, malversaciĆ³n de caudales pĆŗblicos y falsedad ideolĆ³gica. La denuncia se vincula al convenio que firmĆ³ el jefe comunal con Edesal para que la empresa cobre las tasas municipales. Otro aspecto del convenio es el pago de una deuda de $25 millones que el municipio tienen con Edesal que se pagarĆa en 36 cuotas con el dinero que vaya recaudando la empresa por el cobro de las tasas. El convenio hasta el momento no se estĆ” aplicando.
Es importante mencionar que Araujo semanas atrĆ”s impulsĆ³ un juicio polĆtico contra Tamayo tambiĆ©n por el convenio con Edesal, pero fue rĆ”pidamente descartado por la Sala Acusadora del Concejo Deliberante.
El edil indicĆ³ en su escrito que la denuncia responde al cumplimiento de su deber, como funcionario pĆŗblico, de denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento, conforme lo prevĆ© el art. 85 del CĆ³digo Procesal Criminal de San Luis.
En la demanda se afirma que el convenio se realizĆ³ sin la autorizaciĆ³n del Concejo Deliberante, en fragante violaciĆ³n al principio republicano de divisiĆ³n de poderes, al atribuirse facultades que son propias del cuerpo deliberativo.
En el texto de la denuncia, el concejal enumera las leyes y ordenanzas que habrĆan sido incumplidas al comprometer al Municipio a pagar la deuda reconocida a Edesal. a travĆ©s de un mecanismo distinto al previsto en las normas vigentes.
Por otra parte, se afirma que se omitieron los dictĆ”menes de los Ć³rganos consultivos exigidos en la Ordenanza de Procedimiento Administrativo Municipal. No existen dictĆ”menes tĆ©cnicos previos que se pronuncien sobre la legalidad del acto, sobre la existencia de crĆ©ditos presupuestarios, sobre la razonabilidad del precio de honorarios por servicios de recaudaciĆ³n de tasas que prestarĆ” Edesal., sobre el monto de la deuda reconocido, sobre las facturas que realizĆ³ Edesal para verificar si se ajustaron al cuadro tarifario aplicable al Municipio, etc.