Mediante un comunicado emitido ayer por la noche, más de 20 organizaciones sociales y gremios distintos repudiaron y desmintieron las declaraciones realizadas por el actual director del Hospital San Luis, José Núñez, a El Diario de la República, en una nota referida al caso de la médica residente que denunció por abuso sexual a uno de sus colegas.
Como ya informó La Gaceta, luego de realizar la denuncia, la cual todavía no ha llegado a un fuero penal, fue la médica la que fue trasladada y no el denunciado. El traslado fue a la maternidad Teresita Baigorria, pero duró solo 4 meses, por lo que ambos médicos están nuevamente trabajando en el Hospital San Luis.
“Las medidas que menciona haber tomado, no fueron tales, no se actuó de modo consecuente con el resguardo de la integridad física, psicológica, emocional, laboral, ni económica de la denunciante. Ni siquiera se evitó el entrecruzamiento entre ambos, no se tuvo en cuenta las presentaciones de las organizaciones, no se valoró la gravedad del caso, y entendemos se sigue protegiendo al abusador, siendo solidariamente responsables con el victimario”, dice el comunicado, expresando su “más enérgico repudio” ante las declaraciones de Núñez.
“Cabe aclarar que la denuncia fue realizada en julio 2020. En agosto, ya existía la orden de restricción. El 03 de noviembre actúan organizaciones sociales. Recién el 22 de enero del 2021, asegura el Director del Hospital que cuidarán horarios. De hecho, la médica en total desigualdad de condiciones fue enviada a la Maternidad Teresita Baigorria. También en desigualdad de condiciones fue enviada a su casa a la espera de soluciones. También, de modo desigual y revictimizante se le ha solicitado accione el botón antipánico y acuda a la guardia policial que resguarda el Hospital en la situación de entrecruzamiento de horarios con el denunciado, horarios que las mismas autoridades dispusieron”, continúa el comunicado.
Teniendo en cuenta que “el acusado continúa desarrollando sus tareas laborales en el mismo servicio con total normalidad”, las organizaciones sociales y gremios exigen al director del Hospital y a los funcionarios correspondientes lo siguiente:
– “Que quien esté acompañado y controlado por personal de seguridad u otro personal responsable, sea el denunciado durante los horarios de trabajo, en caso de seguir con sus tareas laborales.
– “Se efectivice su suspensión hasta la llegada del juicio o en su defecto su rotación y/o traslado a otro centro asistencial dentro de la provincia de San Luis y no fuera de ella, lo que marcaría una clara protección, beneficio y encubrimiento hacia el acusado.
– “Solicitamos el mismo trato como se hiciera con la denunciante, asegurando además la integridad de las personas atendidas en el ámbito de la salud pública.
– “Se evite cualquier tipo de revictimización o violencia institucional hacia la médica residente.
– “Se cumpla con la obligatoriedad de las capacitaciones en la Ley Micaela.
– “Se de cumplimiento a través de los numerosos tratados internacionales como CEDAW y leyes nacionales que protegen los derechos de las mujeres en situación de violencia de género, en especial la Ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.
