
Mediante un comunicado emitido ayer por la noche, mÔs de 20 organizaciones sociales y gremios distintos repudiaron y desmintieron las declaraciones realizadas por el actual director del Hospital San Luis, José Núñez, a El Diario de la República, en una nota referida al caso de la médica residente que denunció por abuso sexual a uno de sus colegas.
Como ya informó La Gaceta, luego de realizar la denuncia, la cual todavĆa no ha llegado a un fuero penal, fue la mĆ©dica la que fue trasladada y no el denunciado. El traslado fue a la maternidad Teresita Baigorria, pero duró solo 4 meses, por lo que ambos mĆ©dicos estĆ”n nuevamente trabajando en el Hospital San Luis.
āLas medidas que menciona haber tomado, no fueron tales, no se actuó de modo consecuente con el resguardo de la integridad fĆsica, psicológica, emocional, laboral, ni económica de la denunciante. Ni siquiera se evitó el entrecruzamiento entre ambos, no se tuvo en cuenta las presentaciones de las organizaciones, no se valoró la gravedad del caso, y entendemos se sigue protegiendo al abusador, siendo solidariamente responsables con el victimarioā, dice el comunicado, expresando su āmĆ”s enĆ©rgico repudioā ante las declaraciones de Núñez.
āCabe aclarar que la denuncia fue realizada en julio 2020. En agosto, ya existĆa la orden de restricción. El 03 de noviembre actĆŗan organizaciones sociales. ReciĆ©n el 22 de enero del 2021, asegura el Director del Hospital que cuidarĆ”n horarios. De hecho, la mĆ©dica en total desigualdad de condiciones fue enviada a la Maternidad Teresita Baigorria. TambiĆ©n en desigualdad de condiciones fue enviada a su casa a la espera de soluciones. TambiĆ©n, de modo desigual y revictimizante se le ha solicitado accione el botón antipĆ”nico y acuda a la guardia policial que resguarda el Hospital en la situación de entrecruzamiento de horarios con el denunciado, horarios que las mismas autoridades dispusieronā, continĆŗa el comunicado.
Teniendo en cuenta que āel acusado continĆŗa desarrollando sus tareas laborales en el mismo servicio con total normalidadā, las organizaciones sociales y gremios exigen al director del Hospital y a los funcionarios correspondientes lo siguiente:
– “Que quien estĆ© acompaƱado y controlado por personal de seguridad u otro personal responsable, sea el denunciado durante los horarios de trabajo, en caso de seguir con sus tareas laborales.
– “Se efectivice su suspensión hasta la llegada del juicio o en su defecto su rotación y/o traslado a otro centro asistencial dentro de la provincia de San Luis y no fuera de ella, lo que marcarĆa una clara protección, beneficio y encubrimiento hacia el acusado.
– “Solicitamos el mismo trato como se hiciera con la denunciante, asegurando ademĆ”s la integridad de las personas atendidas en el Ć”mbito de la salud pĆŗblica.
– “Se evite cualquier tipo de revictimización o violencia institucional hacia la mĆ©dica residente.
– “Se cumpla con la obligatoriedad de las capacitaciones en la Ley Micaela.
– “Se de cumplimiento a travĆ©s de los numerosos tratados internacionales como CEDAW y leyes nacionales que protegen los derechos de las mujeres en situación de violencia de gĆ©nero, en especial la Ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ćmbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.