El presidente del Tribunal de Contralor de Villa Mercedes, Ricardo Bazla, denunció en el Concejo Deliberante de la ciudad y también públicamente que la Municipalidad no le estaría cobrando los espacios públicos publicitarios al Gobierno y a agrupaciones vinculadas al oficialismo provincial.
En particular, el Tribunal apuntó a publicidades que aparecieron en el mes de julio en la forma de pasacalles, colocados en las ochavas ya que en Mercedes está prohibido colocarlos de una vereda a otra, con la consigna “Gracias Alberto por cuidar a San Luis”. Acto seguido, el Tribunal elevó un pedido de informe al intendente Maximiliano Frontera, para que diera cuenta quien era el responsable de esos pasacalles.
La respuesta al pedido de informe llegó recién el 20 de enero, y desde la Municipalidad respondieron que “no tienen de los fabricantes de pasacalles, que no existe otorgamiento de autorización alguna para ese tipo de pasacalles que se colocaron porque no está contemplado en la ordenanza impositiva anual el pago de un canon para ese tipo de publicidad”.
Tras la respuesta del Ejecutivo, Bazla y los miembros del Tribunal volvieron a revisar la normativa, comprobando que la misma establece, “bien clarito”, que se debe pedir autorización para la colocación, presentar la autorización de los frentistas dueños de las propiedades donde se van a colocar los banners, y pagar un canon que establece la tarifaria anual, que es de $271 por cada uno de los pasacalles que se colocan, cada 30 días.
“Nos encontramos, en principio, con una mora de 8 meses en responder el pedido de informe. En segundo término, con que el municipio ha dejado de percibir aproximadamente $108.000. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con el resto de la publicidad callejera, que es muy prolífica en Villa Mercedes?”, dijo Bazla, destacando la “liviandad” con la que el Ejecutivo tomó el tema. “La consideramos una falta de respeto institucional a la función de control del Tribunal de Contralor”, opinó el abogado.
Ante esta situación, el Tribunal decidió por mayoría, con dos votos a favor de San Luis Unido y uno en contra del integrante del PJ, elevar la acusación al Concejo Deliberante, lo cual ingresó este miércoles. Esto se debe a que el Concejo tiene facultades sancionatorias y el Tribunal no.
“Estamos ante la posible comisión del delito de peculado, que es la utilización para beneficios propios o de terceros de los bienes del estado. En este caso, el municipio de Mercedes ha dejado de percibir dinero en beneficio de una agrupación partidaria del gobernador Rodríguez Saá”, agregó Bazla.
El próximo paso es esperar un pronunciamiento del Concejo y también existe la posibilidad de que el Tribunal se constituya en una sesión del órgano legislativo, “con voz, pero sin voto, para exponer ante el plenario de los concejales la situación”.
“No importa tanto el monto, sino la conducta que está desarrollando el intendente Frontera, porque cada tanto aparecen pasacalles vinculados a políticas del Gobierno de la provincia que no tienen ningún tipo de respaldo legal. Y el temor que tenemos es que, con la campaña electoral que vamos a tener este año en todo el país, esto vaya a entrar en una situación de descontrol absoluto, en donde el municipio haga lo que se le ocurra, rompiendo el principio de igualdad”, concluyó el presidente del Tribunal de Controlar de Villa Mercedes.
