Esta mañana, la organización feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) hicieron público un comunicado con respecto al polémico fallo de la jueza María Eugenia Bona, quien declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, luego de una presentación de la exsenadora Liliana Negre de Alonso.
A continuación, reproducimos el comunicado de Mumalá:
“Este derecho que peleamos durante años y que todos los gobiernos nos negaron; nosotras y nosotres lo conquistamos con muchos días de lucha y exigiendolo al grito de “Que Sea Ley” en las calles, en los barrios, en las escuelas, terciarios, universidades, en nuestros trabajos, etc.
“Es evidente que hay mucha hipocresía que se potencia en el Estado, donde se sigue tratando derechos con preceptos religiosos y morales.
“Lamentablemente todavía existen en las filas de actuales gobiernos, como es el caso del oficialismo provincial, y dentro de lugares tan importantes como son los juzgados, personas que no tienen noción de tener una mirada con perspectiva de género sobre los derechos y así como la jueza Bona legitiman pedidos y acciones que siguen perpetuando las prácticas machistas y misóginas dentro de la sociedad y las instituciones que nos deberían proteger y asegurar una vida libre de violencias.
“Esta Ley Nacional ya reglamentada, que establece el derecho a que las personas con capacidad de gestar podamos decidir, que rige en todo el territorio nacional desde el 24 de enero de este año y no exige ningún tipo de adhesión provincial, no obliga a absolutamente a nadie a practicarlo y su aplicación es reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho que tenemos, mujeres y LGBTIQ+, a decidir y dirigir nuestras vidas, es reconocernos como sujetas y sujetes sociales capaces de decidir si queremos maternar y cuando.
“Recordemos que la penalización del aborto no influye sobre la decisión de abortar, sino que obliga, a quienes podemos gestar y transitamos un embarazo no deseado, a realizarlo en la clandestinidad con el riesgo de contraer infecciones, problemas futuros en nuestro útero, incluso la muerte, siendo el sector más humilde las y les que corren más riesgo por no poder pagar los miles de pesos que costaba un aborto clandestino.
“La legalización del aborto implica sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que todas y todes podamos acceder en los hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita (para quienes no tienen cobertura de salud) al derecho a la salud integral, el derecho a decidir sobre nuestros/as/es cuerpos/as/es y por todas las razones mencionadas le decimos a la jueza Bona y a la exsenadora Negre que es nuestro derecho y pedimos al Estado provincial que lo cumpla en todo el territorio de San Luis garantizando su plena aplicación.
“#LaIVEYaEsLey”
