Hace una hora, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría las cuentas de inversión 2020 de la Municipalidad de San Luis por 8 votos afirmativos, 5 negativos y 2 abstenciones. El convenio con Edesal y una marcadísima saña del oficialismo con Paz Pagano, vocal del Tribunal de Cuentas Municipal, fueron los puntos más llamativos del debate de hoy.
El debate comenzó con una exposición de Lautaro Ojeda, como presidente de la comisión de Hacienda del Concejo. Ojeda, destacando que dos de los tres vocales del Tribunal de Cuentas recomendaron la aprobación de la cuenta de inversión, mientras que la restante, María Paz Pagano, no se pronunció a favor ni en contra. Ojeda remarcó además que los vocales que se pronunciaron a favor de las cuentas destacaron el “espíritu colaborativo” en cuanto a la proporción de documentación faltante y que además realizaron recomendaciones en cuanto a la presentación técnica de las cuentas de inversión para futuras ocasiones.
El concejal oficialista informó además que el presupuesto definitivo fue $2.629.939.433, de los cuales se gastó efectivamente el 91%. La principal fuente de ingresos del municipio fue la coparticipación municipal, la cual aportó casi 1.500 millones. Otro punto importante es que el municipio terminó percibiendo más de 2.645 millones (o sea 16 millones más del presupuesto) y que inclusive hubo un superávit de $227.965.000 aproximadamente.
Ojeda también comentó que los principales gastos fueron los corrientes, como el pago de sueldos, y los “los gastos dirigidos a recuperar varios de los servicios”. “La partida, el nombre técnico, es servicios no personales, que es la partida que se lleva el mayor gasto”, aclaró el concejal, quien para finalizar destacó que esta fue la primera vez que se aplicó, para la confección de las cuentas de inversión, las recomendaciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Las críticas de la oposición vinieron por el lado de Guillermo Araujo, de San Luis Unido. Lo primero que dijo fue que las cuentas reflejan que el único objetivo de la Municipalidad “fue claramente la recaudación” y que “es muy fácil tener superávit cuando tu objetivo es solamente la recaudación sin importar la cuestión social y no tenés gastos en nada”. “Se ve que juntaban los fondos para hacerlo ahora, que es un año electoral”, chicaneó Araujo, quien agregó que “se ha subejecutado en 212 millones los gastos”
A diferencia de otros años, Araujo no entró en ningún tipo de detalle, pero adelantó que el voto de su bloque iba a ser negativo porque estas cuentas incluyen algo “ilegal” que es la firma del convenio con Edesal, mediante el cual la gestión de Sergio Tamayo “reconoció una deuda inexistente de una forma express y sin cumplir los procedimientos administrativos y contables correspondientes”.
Araujo, quien en múltiples sesiones ha remarcado que el convenio es ilegal e inclusive ha denunciado penalmente a la Municipalidad, luego recordó que la Ley de Contabilidad de Administración y Control Público dice “que el municipio no podrá efectual gasto alguno que no esté autorizado por el presupuesto en vigencia”, refiriéndose a la deuda que se le pagó a la empresa distribuidora de energía eléctrica.
Sorprendentemente, el retruco del oficialismo casi no se centró en lo dicho sobre el convenio con Edesal, sino en el informe de María Paz Pagano, la vocal del Tribunal de Cuentas, perteneciente al sector de Juntos por el Cambio, que no se pronunció a favor ni en contra de la aprobación de las cuentas de inversión.
Con muchísima saña, Gastón Témoli, presidente del bloque Frente Justicialista de Todos, dijo que el informe está “plagado de contradicciones y de incertidumbres”, y que Pagano tiene un “conocimiento inexcusable del derecho”; algo que, aseguró el concejal oficialista, ella misma manifestó en la reunión de comisión a la que asistió. Témoli luego agregó que el informe de Pagano “se trata de revolear definiciones políticas” y que lo que “debió ser una opinión técnica, quiso ser una opinión política y terminó en la nada”.
Sobre el convenio con Edesal, Témoli recordó que el intendente estaba facultado por la ordenanza de Emergencia Económica que aprobó el mismísimo Concejo. Sobre esto, Agustina Gatto agregó que este es un “tema zanjado” y le recordó a Araujo que muchos otros municipios también tienen este tipo de convenios, incluyendo municipios de la oposición. Gatto además protagonizó una perlita respondiéndole a Araujo, cuando utilizó la frase “miente, miente que algo queda” y la atribuyó a Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda de Adolf Hitler, lo cual es erróneo, aunque se trata de una equivocación habitual.
“Parece que la ordenanza de Emergencia Económica es un cheque en blanco para el intendente. Lo habilitaba a hacer cierto tipo de acuerdos, pero no transigiendo y no violentando otro tipo de ordenanzas como las que ya he mencionado”, le contestó Araujo a Témoli, pero el debate del tema quedó ahí y se pasó a la votación.
El proyecto terminó siendo aprobado por los 6 votos del oficialismo municipal y con los de Daniel Ferreyra y Carlos Ponce, quien recientemente se sumó al oficialismo provincial. Por su parte, Javier Suárez y Otoniel Pérez Miranda se abstuvieron, mientras que los 3 ediles de San Luis Unido y los 2 de San Luis Somos Todos votaron en contra.
