Cada tanto, a los gobiernos les gusta convertir un programa que ya están aplicando en ley. Supuestamente, esto le da “más fuerza” al programa en cuestión y asegura su continuidad, pero la historia de esta provincia y de todo el país ha demostrado que esto no es así y que los gobiernos solo aplican una determinada política si tienen ganas.
El mejor ejemplo es el plan Empezar, que hoy se convirtió en ley. Este plan tiene dos años y, sin ser ley, se ha podido implementar sin problema alguno hasta el día de la fecha. También se puede citar como ejemplo el Plan de Inclusión Social, que el Gobierno maneja discrecionalmente, abriendo inscripciones y echando personas cuando lo considera necesario. Y ni hablar del proyecto del nuevo plan de viviendas de 2017, que terminó en una inscripción de más 60.000 personas y menos de 3.000 viviendas construidas en los últimos 4 años.
De igual manera, cabe destacar que esto no es algo exclusivo de Alberto Rodríguez Saá. Ni de cerca. El exgobernador Claudio Poggi montó este circo en varias ocasiones, siendo los exponentes más claros el plan de terminalidad educativa PIE y Nuevas Empresas de Jóvenes Sanluiseños. Ambas políticas fueron convertidas en ley, pero eso no impidió que Rodríguez Saá les diera un hachazo en cuanto asumió su tercera gobernación en diciembre de 2015.
En pocas palabras, convertir estas políticas/planes/programas en ley no tiene el más mínimo efecto ni garantizan su continuidad. No es más que circo para darle más “categoría” a una iniciativa gubernamental, quizás creyendo que a la gente le importa si la misma es ley o no, y también para darle participación a las instituciones legislativas, como para que sus legisladores tengan 15 segundos de fama cuando estos proyectos reciben su tratamiento.
Curiosamente, solo un opositor puso esto de relieve el día de hoy, mientras se debatía el Programa de Reactivación Productiva Provincial, mediante el cual se otorgarán 5.000 créditos blandos de hasta $1.000.000. “Cosas que se hacían por decreto y ahora se hacen por ley”, señaló Gastón Hissa, presidente del bloque San Luis Unido, destacando que este programa fue anunciado el 1ro de abril y todavía no se ha puesto en marcha. Obviamente, las semanas que se perdieron en que el proyecto pase por las Cámaras de Senadores y Diputados jugaron un papel importante en esta demora. “Hay un delay muy importante en el Gobierno, en donde se aprieta el botón del control remoto y se tarda 8 meses. No es la velocidad del zapping de hacerlo rápido porque se necesitaba la solución al conflicto”, agregó Hissa, remarcando la “falta de políticas claras del Gobierno provincial en el momento oportuno”.
La diputada Verónica Causi, de Sanluiseños por el Cambio, también hizo grandes críticas a este proyecto, calificándolo como “propagandístico y electoralista”, remarcando cuestiones como que los beneficios son solo por 4 meses, y que las personas que tuvieron que cerrar su negocio “no quedan respaldados dentro de la ley”.
Causi también criticó que el proyecto establece que solo pueden acceder al proyecto aquellos comerciantes que hayan visto reducidas sus bases imponibles en más de un 20%. Además, señaló que los proyectos productivos que deseen acceder a estos créditos deben cumplir criterios como “la incorporación de la perspectiva de género” y “la participación de sujetos alcanzados por planes sociales provinciales”. “¿Qué tiene que ver la incorporación de perspectiva de género en un proyecto crediticio?”, se preguntó la diputada, quien agregó que “este programa rasca y rasca mucho, pero rasca donde no pica”.
Por el lado del oficialismo, no hubo grandes defensas, limitándose a señalar que los legisladores de la oposición y toda la sociedad deberían estar festejando que finalmente se van a aplicar medidas de alivio. “El estado se tuvo que reacomodar y cuando pudo empiezan a reaparecer las soluciones y las propuestas para activar la actividad económica”, dijo el exopositor, y nuevamente oficialista, Ricardo Chaves, quien aparentemente ignora que muchos gobiernos provinciales brindaron auxilio al sector comercial e industrial durante el año pasado.
Más allá de todas estas críticas, los diputados opositores acompañaron este proyecto ya que, por más tarde que llegue, es innegable que supondrá un alivio para los sectores más golpeados económicamente por la pandemia. Así fue como este proyecto y el del plan Empezar, que se viene aplicando desde 2019 sin ser ley, fueron aprobados hoy por unanimidad. Ambos se podrían haber aplicado directamente por decreto.
