Como era de esperarse, los concejales de Unidos por San Luis se manifestaron hoy en contra de la implementación del convenio que permitirá el cobro de tasas y servicios municipales a través de la boleta de Edesal.
“Según manifestaron los funcionarios a la prensa presente, la aplicación de la medida se realiza como otra boca más de recaudación y no posee un sentido recaudatorio. No obstante, el fin pareciera demostrar lo contrario”, manifestaron los concejales Guillermo Araujo, Agustina Arancibia y María Molina, quienes pidieron que el intendente, Sergio Tamayo, “vierta claridad en cuanto a cuál es el trámite y o mecanismo que el vecino deberá realizar para renunciar al cobro de tasas municipales a través de la factura de la empresa de energía eléctrica”.
“En esta época de crisis producida por la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo entero, no creemos que la presión impositiva y el cobro forzado de tasas sea el camino para lograr un equilibrio en las arcas municipales. Es imprescindible que en esta época en la que los sanluiseños apelamos y luchamos para lograr una real reactivación económica, debemos aunar los esfuerzos necesarios para lograr que ésta se convierta en una realidad y esto solo se logrará con responsabilidad política y empatía para con nuestros vecinos”, concluye la nota enviada por los concejales opositores.
La respuesta de la Municipalidad no tardó en llegar. “Me cuesta entender que los poggistas y concejales que responden obedientemente al diputado nacional se escandalicen por la implementación, ya que en 2019 el intendente de La Punta notificó al Concejo la firma de idéntico convenio”, manifestó el secretario de Hacienda, Nicolás Carpio, en declaraciones a la radio de la Municipalidad.
Como ya informó La Gaceta, municipios como Juana Koslay, San Jerónimo, El Morro, Estancia Grande, Alto Pencoso, Balde, Beazley, El Trapiche, El Volcán, La Toma, La Punta y Potrero de los Funes han suscripto convenios con Edesal para la implementación de esta medida.
La polémica con respecto a esta medida ya ha dejado en jaque a más de un político, como es el caso de El Trapiche, donde el actual intendente, Juan Manuel Rigau, criticó la implementación del convenio cuando era diputado, pero cuando asumió como jefe comunal no la quitó.
