El procurador general de la Provincia, Luis Martínez, hizo una serie de advertencias sobre la complejidad de la adhesión a la Ley Nacional de Narcomenudeo que impulsa el Gobierno sanluiseño y que deberá tratar la Legislatura. La ley nacional transfiere a la Justicia de la provincia que adhiere la investigación de los casos de narcomenudeo (tenencia de drogas ilegales en pequeñas cantidades con fines de entrega o venta) que actualmente en San Luis son competencia de la Justicia Federal.
La adhesión habilita al Ejecutivo provincial a requerir la transferencia de créditos presupuestarios al Gobierno nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia. Implica también que la Provincia podrá adecuar sus estructuras de recursos humanos y técnicos que ya posee (la Policía puntana tiene la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico) y profundizar la capacitación de todos los operadores involucrados en el combate de este delito, según detallaron desde el Ministerio de Seguridad.
“Es una de las leyes más complejas que vamos a tener para abordar. Lo que pedimos es comprensión. O lo enfrentamos juntos o no se puede”, reflexionó Martínez.
El proyecto se tratará en la Legislatura primero por el Senado provincial y luego deberá ser sancionado por la Cámara de Diputados.
Las advertencias que hizo el procurador General sobre la implementación en la provincia de la Ley Nacional de Narcomenudeo son a nivel judicial en cuanto a funciones y competencias, recursos humanos, presupuesto y modificaciones de leyes.
“Ninguno de los fiscales y jueces había pasado en un examen como materia específica la materia de narcomenudeo. Esto ya es un primer obstáculo. Esto nos está diciendo que yo podría ampliarles la competencia, pero la pregunta es si es lo mejor. Claramente no es lo mejor porque vos necesitás personas que ingresen a la función judicial sabiendo que eso está bajo su responsabilidad y competencia. Esto implica”, expresó Martínez a la periodista Verónica Miranda del programa Nada Secreto de Radio Universidad.
Para el procurador, “no se trata de una adhesión formal, pero que se necesita modificar la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para incorporar estas nuevas funciones judiciales. Jueces específicos, fiscales y ampliar el número de personas que trabajan en esas estructuras. Ya aparece un tema de recursos económicos, de cantidad de personas y modificar otras leyes como la de Secuestros Judiciales” porque considera que no se contemplan la custodia de objetos consecuencia de las causas de narcomenudeo.
Según Martínez otra ley que se debería modificar es la de Presupuesto 2022, ya que define la cantidad de trabajadores del Poder Judicial y se deben sumar personal. Si se modifica la Ley de Presupuesto implica que se saca dinero de una partida con destino asignado y cambiarlo para el pago del nuevo personal.
“Es una discusión que estamos dispuestos a dar, es una decisión política, judicial, pero tienen que estar todos los sectores político institucionales en el mismo nivel de comprensión de complejidad del asunto”, advirtió.
Cabe recordar que desde hace años, el Poder Judicial no incorpora trabajadores y viene siendo uno de los principales reclamos del Sindicato de Judiciales Puntano.
Otra advertencia de Martínez es que las investigaciones deben ser coordinadas entre en la esfera provincial y nacional para que el accionar de las fuerzas locales por un caso de narcomenudeo no entorpezcan una investigación de los que puede ser una red grande de narcotráfico o lavado de dinero.
Es muy probable que la adhesión a la Ley Nacional de Narcomenudeo sea sancionada. La incógnita es si efectivamente la ley se implementará en la provincia, cómo se hará, o si todo queda en un adhesión formal.
