La Cámara de Diputados sancionó por mayoría a la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes que tiene como objetivo que la Justicia provincial investigue y juzgue las causas de narcomenudeo que tradicionalmente es competencia de la Justicia federal. La aprobación se logró con los votos del oficialismo y aliados, mientras que el bloque Radical y Sanluiseños por el Cambio votaron en contra. Por su parte, el poggismo se abstuvo.
El proyecto en cuestión implica la adhesión a leyes nacionales como también la modificación de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, ya que sea crea el Fuero de Lucha contra el Narcomenudeo integrado por un Foro de Jueces, una Oficina de Gestión Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa.
En cada una de las tres circunscripciones judiciales actuarán tres jueces penales integrantes del Foro de Jueces, dos Fiscalías y una Defensoría Penal. Se deberán incorporar 17 funcionarios judiciales.
“El Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los Créditos Presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia. Las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación”, dice parte del artículo 2 del proyecto.
Las multas y bienes decomisados en las causas de narcomenudeo “se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo”.
La distribución de hará de la siguiente manera: 50% al Ministerio de Seguridad de la Provincia, 30% al Ministerio de Salud y el 20% al Ministerio de Desarrollo Social.
Un aspecto polémico del artículo en cuestión es que “el Superior Tribunal de Justicia, proveerá conforme sus facultades constitucionales y orgánicas, a la designación de los funcionarios provisorios y el dictado mediante acordadas, de toda norma que resulte conveniente para la puesta en marcha y funcionamiento del Fuero de Lucha Contra el Narcomenudeo”.
Por lo tanto, se habilita la posibilidad del nombramiento de funcionarios judiciales provisorios a dedo y sin una probada idoneidad para el cargo.
La presidenta del bloque oficialista, Gloria Petrino, manifestó que esperaba que el proyecto se aprobara por unanimidad ya que consideró que todos están en contra del narcotráfico.
Por su parte, Gastón Hissa, presidente del bloque Unidos por San Luis, consideró que “con un Poder Judicial totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo inmiscuyéndose en todas y cada una de las designaciones es muy difícil la creación de un fuero de narcomenudeo de funcionarios judiciales que van a ser designados de manera provisoria”. El diputado dijo que no apoyaban la manera de implementación de esta ley, pero que tampoco la votarían en contra porque es una herramienta que puede llegar a servir en el futuro. Por lo tanto, se deduce que el poggismo iba por la abstención.
Desde antes de la sesión, trascendió que el bloque de la UCR votaría a favor. En efecto, Luis Lucero Guillet criticó el proyecto e hizo referencia al artículo 11. El artículo 11 dice que el proyecto, una vez promulgado, “entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2023. No obstante, la implementación se hará efectiva cuando exista designación de una estructura mínima de actuación que garantice la función de instrucción con un Fiscal; la función de defensa pública con un defensor; la función Jurisdiccional de Garantía, Impugnación y Juicio con tres jueces y al menos una oficina de Gestión Judicial”.
La ley se sancionó por 23 votos positivos, 3 negativos y 11 abstenciones.