Este jueves se realizó una nueva sesión del Concejo Deliberante, durante la cual se aprobó la adhesión a la Ley N° 27.671 “Cuestión Malvinas” en todos sus términos, estableciéndose la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la “Cuestión de las Islas Malvinas” para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes del Estado Municipal.
Luego de que el miembro informante, el oficialista Alejandro Cordido, destacara que, en lo referido a la Cuestión Malvinas, “como puntanes y argentines tenemos la misma afectación a nuestra propia soberanía”; la polémica se desató en torno al artículo número 4 de este proyecto, el cual dispone que “cuando se desarrollen las capacitaciones en la cuestión de las islas Malvinas se incorpore una referencia explícita sobre el rol que cumplieron las mujeres en el conflicto armado del año 1982, y en general la participación de mujeres en todos los asuntos referidos a dicha cuestión, así como su involucramiento y afectación en roles familiares, adoptando al efecto la perspectiva de género”.
Al respecto, Agustina Arancibia Rodríguez, de Unidos por San Luis, destacó que su bloque se iba a abstener de votar este artículo, y señaló que lo conveniente es esperar la reglamentación de la ley nacional, la cual todavía no se ha producido ya que está vigente un plazo de 90 días para que la autoridad de aplicación lo haga. Esto claramente lo dijo en torno a “una de las cuestiones que se está planteando en esta ordenanza”, que es “agregar la perspectiva de género en esta capacitación”. Si bien destacó que “es muy importante también el rol de las mujeres que se quedaron aquí esperando que retornaran sus seres queridos”, lo conveniente es esperar la reglamentación nacional para qué contenidos van a incluir estas capacitaciones. Esta postura fue acompañada por el concejal del PRO, Otoniel Pérez Miranda, y el radical Javier Suárez Ortiz.
La respuesta a Arancibia Rodríguez, curiosamente, llegó después de la votación del proyecto, de mano de la oficialista Daniela Serrano, quien señaló que el Concejo tiene las facultades como para sancionar esta adhesión, hacer que la autoridad de aplicación sea el Ejecutivo municipal y definir contenidos, como se ha hecho con las otras adhesiones que implican algún tipo de capacitación.
Serrano contó el caso de Silvia Barrera, quien fue instrumentadora quirúrgica durante la guerra y que cuando asiste a actos relacionados a Malvinas le dicen “Silvio” o la quieren hacer sentar junto a los familiares, ya que no conciben que una mujer sea veterana de guerra.
Sin lugar a dudas, la mejor y más categórica respuesta fue la Ofaldo Lucero, presidente del Centro de Ex Combatientes 2 de Abril, quien estuvo presente durante la sesión. “No es una diferencia de género. A todos nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras viudas, a nuestros hijos también le han llegado un daño psicológico y colateral. La guerra es un horror y también es un error. Y también le ha llegado a toda la familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros hijos”, dijo Lucero, explicándoles a los concejales del oficialismo que no solo fueron las mujeres las que sufrieron esperando a los jóvenes que habían ido a la guerra.
En cuanto al caso de las instrumentistas quirúrgicas, señaló que estuvieron atendiendo “en puerto, en nuestra patria”. “Hay 7 enfermeras que estuvieron en el conflicto bélico, que son veteranas de guerra, (porque) hay una ley nacional que está promulgada por el Ministerio de Defensa y nuestro Congreso Nacional”, dijo Lucero. “El Ministerio de Defensa y el Congreso de la Nación no las reconoce como veteranas de guerra porque han estado en tierra. Específicamente, la ley dice ‘Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y espacio circundante a 200 millas del puerto argentino’. Esa ley no cubre a la parte del continente como veteranos de guerra. Nosotros no lo decidimos”, añadió el ex combatiente.
Más allá de la polémica de la polémica en torno a este tema, Lucero celebró la iniciativa. “Estos proyectos nos vienen muy a bien a la sociedad en general”, dijo sobre la iniciativa que se aprobó por unanimidad en general, y por mayoría en su artículo N° 4.
Durante el resto de la sesión se designó con el nombre de “Virgen del Rosario de San Nicolás” a la plazoleta ubicada en la calle Río Negro, entre Mitre y Chacabuco del barrio Policial Sur de la ciudad de San Luis. También se declaró de interés legislativo municipal el Día Internacional de la Lengua de Señas, para tomar conciencia y promover el conocimiento de esta lengua tan fundamental para la inclusión social de sus usuarios con miras a la plena realización de sus Derechos Humanos. Además, se declaró el beneplácito por el “El regreso del tren de pasajeros”, que, a pesar de que solo llega a Justo Daract, realiza un importante aporte de traslado y movilidad de la comunidad en la región.
También hubo un larguísimo debate sobre cuál es el modo correcto de introducir de incorporar temas que no figuran en el orden del día, donde cada sector político citó el artículo que más le convenía e inclusive se llegó a pedir que intervenga el asesor legal del Concejo. El debate duró casi una hora y terminó, como casi todas las polémicas, cuando el oficialismo hizo valer su mayoría y votó que se continúe con el orden del día.
