El pasado viernes 16 de junio, el gobernador electo, Claudio Poggi, hizo pública una carta en la que le pedía a la actual gestión de Alberto Rodríguez Saá avanzar “en un protocolo común de transición”, tocando puntos como el diseño del presupuesto 2024, modificaciones (altas y/o bajas) en la planta de trabajadores y que no se asuman “nuevos compromisos económicos que excedan el actual mandato constitucional, en especial, los relacionados con adjudicaciones y nuevas licitaciones de obras públicas que impliquen compromisos presupuestarios posteriores a la fecha de finalización del presente mandato”.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar y vino de la mano del vocero de la Gobernación, Fernando Salino, quien adelantó que la actual gestión tiene la intención de elaborar y presentar el presupuesto 2024 por su cuenta; y también aseguró que la Provincia va a seguir ejecutando, licitando y llevando adelante todas las obras prometidas, pensadas y que son el anhelo de los ciudadanos de San Luis, hayan votado como hayan votado”. El vocero además confirmó que se mantiene vigente el pase a categoría F de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social que cumplen funciones en distintas dependencias del Estado, y continúa la evaluación de los pases a planta permanente de los contratados bajo diferentes modalidades.
Ante este contexto, Poggi envió este lunes una carta documento al Gobierno, intimándolo a que “se ABSTENGA de llamar a licitación, adjudicar o contratar obras públicas, cuya ejecución exceda el vencimiento del presente mandato gubernamental, como asi también se ABSTENGA de aumentar la planta de personal más allá de lo autorizado en el art. 11 de la Ley N° VIII-0253-2022 (Ley de Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de la Administración Provincial 2023) y/o en violación a los Arts. 23 y 30 de nuestra Constitución Provincial”.
Los artículos de la Constitución que menciona Poggi se refieren a la contratación de personal, pero ninguno prohíbe que la gestión saliente realice algún tipo de contratación. Es más, el artículo 30 faculta a la futura gestión a argumentar que los contratos que no se ajusten a la Constitución “carecen de valor y, en cualquier tiempo pueden esos empleados ser removidos de sus cargos”.
La carta documento también le pide a la actual gestión que “se ABSTENGA de realizar o aprobar gastos o adoptar medidas que impliquen, directa o indirectamente, comprometer o condicionar presupuestos futuros, lo que importaría un grave incumplimiento a las disposiciones establecidas expresamente en los artículos 92 de la Constitución Provincial y 24 de la Ley N° VIII-0256-2004 (Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de la Provincia de San Luis)”.
El artículo 24 mencionado establece que “no podrán aprobarse gastos que incidan en ejercicios futuros”, como es el caso de la gestión de Poggi, pero también una serie de situación en lo que esto estaría permitido y que seguramente el Gobierno puede utilizar para justificar estos gastos.
Cabe señalar que esta carta documento fue enviada “al gobernador Alberto Rodríguez Saá, a todos los Ministros y Secretarios de Estados, al Fiscal de Estado, al Contador General de la Provincia, al Tesorero General de la Provincia, a la Rectora de la ULP, a presidentes y/o responsables de la mayoría de los entes descentralizados y SAPEM del estado”.
Junto a la carta documento, Avanzar envió un parte de prensa y un audio con declaraciones del gobernador electo, quien asegura que la provincia, de acuerdo a “información oficial, tanto nacional como provincial”, “este año 2022, nuevamente tuvo déficit fiscal. Es decir, por tercer año consecutivo está en rojo, esto es, gasta más de lo que recauda”.
Poggi también asegura que “el gobierno de la provincia está contratando a los funcionarios políticos para que después del 10 de diciembre queden en la planta estable de empleado público”. “El funcionario político del actual gobierno debe trabajar hasta el último día de la gestión, hasta el 10 de diciembre de 2023 y después debe dejar de pertenecer al Estado. Se va con la gestión que finaliza porque esos contratos con los funcionarios políticos, muchos de ellos en lo más alto del escalafón del empleado público, ponen en riesgo la salud financiera de la provincia”, sostuvo el actual diputado nacional.
El gobernador electo cierra la carta documento señalando que solicita estas medidas “bajo apercibimiento de INICIAR ACCIONES JUDICIALES EN SU CONTRA por su responsabilidad personal y solidaria conforme lo previsto en el art. 55 de la Ley N° VIII-0256- 2004 y/o de resarcimiento económico para la reparación del eventual y probable daño que sus actos u omisiones pudieren generar en el patrimonio estatal, y de formular las denuncias penales que correspondieren”.
