En medio de la polémica por el nombramiento de nuevos cargos en el Poder Judicial, el Sijupu dio una conferencia en la que, además de abordar temas salariales, aclaró distintas cuestiones sobre todo este proceso, asegurando que sí son necesarios.
Este proceso comenzó en el año 2021, con la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Administración de Justicia, la cual daba las facultades al Gobierno de nombrar, de manera provisoria, fiscales adjuntos y defensores adjuntos para poder implementar el nuevo sistema penal. “El tiempo de duración de lo mismo era de 18 meses, para que dé tiempo, obviamente, a llamar concurso y que pase por el Consejo de la Magistratura todo el procedimiento legal para hacer un nombramiento definitivo”, explicó Luciano Cardarelli, secretario general del Sijupu.
En este sentido, recordó que el año pasado hubo gente que, cuando rindió el examen para formar parte de la terna que luego el Poder Ejecutivo eleva al Legislativo, aprobó y fue nombrada de manera definitiva, pero también personas que desaprobaron, por lo que “no se cubrieron los vacantes de la totalidad de cargos que se necesitaban”.
“El concurso siguió en el año en curso, la gente que desaprobó tuvo la oportunidad de volver a presentarse a rendir y son los que han aprobado y están designados o están pasando por las audiencias públicas y juramentos superiores de justicia para empezar con sus funciones de manera definitiva”, dijo Cardarelli. “Los que están nombrados y están jurados y pasaron a audiencias públicas son todos aprobados y todos pasaron por el Consejo de la Magistratura según establece la ley”, aclaró, una vez más.
En total, el secretario general del Sijupu estima que son unos 20 cargos, pero que podrían agregarse más fiscales en San Luis y Villa Mercedes en base a una modificación de la Ley que se aprobó este martes.
“Este sistema se vino a implementar obviamente con margen de error. Cuando uno lo pone en práctica en la realidad se da cuenta que con la cantidad de gente no alcanza, nos pasa a nosotros con los empleados administrativos también, entonces el Poder Judicial de San Luis se ha ido quedando atrás con su planta. Nosotros tenemos aproximadamente 1.500 cargos que la verdad es muy poco con la cantidad de causas que han ido incrementándose en los últimos años. Muchas de las causas vienen de la época de la pandemia también y, obviamente, la situación social que se está viviendo, como todas las cuestiones de violencia de género, que antes muchos no denunciaban”, sostuvo Cardarelli.
“La ley por ejemplo la que se aprobó ahora en el día de ayer, trae una Fiscalía de Género exclusivamente que antes no se tenía, obviamente uno se tiene que ir adecuándose a la realidad que se está viviendo. Es decir, que estos cargos llegarían justamente para dar solución a estas demoras de la justicia, porque por ahí la ciudadanía común, la gente común, no entiende tantos cargos y que la justicia sea tan lenta para causas que podrían tener un ritmo mucho más rápido”, agregó.
