El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, confirmó que ya fueron radicadas en la Justicia provincial las denuncias contra los ex funcionarios de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez (secretaria de Deportes), Marcelo Amitrano (ministro de la Producción) y Sebastián Anzulovich (secretario de Transporte) por presuntos hechos de corrupción e irregularidades.
“El panorama es que en cada dependencia del Estado se están encontrando diversas irregularidades que el Gobernador tiene conocimiento porque los ministros le van contando. A partir de ahí lo que se hace es investigar cada dependencia, buscar los elementos probatorios y después las denuncias judiciales en caso de que se vislumbre que se ha cometido algún delito en la administración”, comentó el fiscal sobre el proceso de investigación que se está realizando. Agregó que la asesoría letrada de cada ministerio consulta con la Fiscalía de Estado sobre el procedimiento.
El gobernador Claudio Poggi ha hecho denuncias públicas sobre diversos supuestos casos de corrupción en la última gestión de Alberto Rodríguez Saá. La Gaceta preguntó al funcionario quiénes son los funcionarios denunciados en la Justicia provincial hasta el momento. Endeiza respondió que los denunciados son Amitrano, Ramírez y Anzulovich.
Cuando confirmó la denuncia de cada ex funcionario hizo breve descripción de los supuestos hechos irregulares en los que se responsabiliza a cada uno. En el caso de Amitrano mencionó un faltante de vehículos, destinados para tareas que no tenían que ver con el Ministerio de la Producción, y un gasto excesivo de combustible. Relacionado a esto, figura Anzulovich. “El secretario de Transporte que pagaba el combustible también anoticiado de estas irregularidades y los seguía pagando”, señaló Endeiza.
Para el fiscal de Estado, Amitrano e Anzulovich podrían ser acusados de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en primer término. También mencionó el delito de malversación.
Cuando confirmó la denuncia a Ramírez, Endeiza dijo que la Secretaría de Deportes pagaba todos los gastos de San Luis FC, el club presidido por la ex funcionaria. “Se pagaban todos los gastos como si usted sacara el dinero de su bolsillo. Administraba los dineros públicos como si fueran privados. Hemos encontrado cerca de 300 pagos, estampillas, el transporte, el colectivo, el alojamiento, el botín, la media, cortinas, aire, etc. Todo lo que alguien autorizaba que se pagaba de ese club, se pagaba como si fuera algo privado, o sea, dinero público utilizado para un fin privado y como si fuera de la funcionaria”, describió el fiscal.
Endeiza también mencionó el pago de $290 millones para la compra de un colectivo para San Luis FC como ya se informó días atrás. Sobre el tema, la propia Ramírez brindó su versión. “Presumiblemente, por los informes que hemos pedido, un valor mucho más allá o más caro del valor de mercado de lo que se ha pagado”, apuntó el funcionario.
Ramírez podría ser acusada de malversación de fondos por los aportes al club de fútbol, defraudación al Estado si se comprueba el pago de sobreprecio en la compra del colectivo, y negociación incompatible por el rol de funcionaria, presidenta de un ente deportivo y dirigente del club, según analizó Endeiza.
“Quisiéramos que todo este dinero que falta hoy en la provincia de algún modo pueda ser recuperado. En algunos casos tenemos fe de que pueden ser recuperados bienes o dinero de quienes hicieron este mal uso para poder recuperarlo. La propia instancia judicial penal, luego de encontrar un responsable, puede trabar embargo y buscar recuperar dinero. Después, preso o no preso, tendrá que ver con el delito que definitivamente se ha acusado y en un juicio penal el juez determinará el castigo que le ponen al sistema”, consideró el fiscal.
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