Tras conocerse anoche la suspensión de la afiliación de la Liga Sanluiseña a la AFA, debido a la intervención del San Luis Fútbol Club que realizó el Gobierno provincial en base a las millonarias transferencias que la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, realizaba a la institución, de la cual también era presidenta. La AFA, a través de su Consejo Federal, advirtió que su reglamento y el de la FIFA prohíben la “interferencia por parte de terceros”, pero el Gobierno hizo caso omiso, conduciendo a la sanción que se conoció ayer.
En este marco, fue que el Gobierno, a través de su Agencia de Noticias, hoy salió a defender la intervención, asegurando que “San Luis Fútbol Club se encuentra en medio de una controversia que no debería ser tal, ya que el Gobierno provincial tiene sobrados argumentos para sostener su intervención, que de todas maneras sólo fue establecida por 90 días, hasta que se normalice la situación”.
El resto del artículo justifica la decisión en base a las irregularidades detectadas, sin ofrecer ningún tipo de justificación con respecto a la forma en qué se llevó a cabo la intervención, en directa contraposición al reglamento de la AFA y la FIFA.
A continuación, reproducimos el comunicado del Gobierno:
“Como primera medida, hay que saber que recién existe como club desde el 6 de enero del año pasado, cuando se creó mediante la Resolución N°04-DPCyFPJ-2023. Transcurrido un año desde ese momento, tiene sólo 13 socios activos con voz para elegir actividades.
“La presidente era la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, quien financió todas las actividades del club con fondos del Estado. Fue ella misma quien autorizó, aprovechando su cargo de máxima autoridad deportiva de la provincia, la transferencia de dinero al Ente de Deportes, que también era presidido por ella, y a través del Ente para terminar enviando fondos a San Luis FC, que también preside ella.
“El día 7 de diciembre de 2023, a 48 horas de dejar el poder la gestión anterior, la secretaria de Deportes se autorizó para su club una transferencia de $300 millones, que derivó en una investigación penal por malversación de fondos públicos. Ante este hecho y en resguardo del patrimonio del Estado, la nueva administración provincial pidió la intervención de Personas Jurídicas.
“Esa Dirección realizó una inspección, ordenada mediante la Resolución N°398-DPJ- 2023, en el domicilio declarado como sede social de la entidad, teniendo como resultado que allí no funciona la sede social ni ningún otro espacio ocupado por la misma. Por consiguiente, el club no existe como tal.
“Ante una situación de enorme gravedad, se dispuso la intervención de San Luis Fútbol Club, que se va a extender por 90 días, hasta que se normalice la situación”.
