En respuesta a 56 reclamos presentados en los últimos días, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis ha decidido intervenir y emitir recomendaciones ante la suspensión del ciclo lectivo 2024 en el Instituto Superior de Seguridad Pública “Coronel Juan Pascual Pringles”. La mayoría de los reclamantes son padres y madres de aspirantes, quienes se encuentran preocupados por la falta de información sobre cuándo será la fecha definitiva de inicio de las clases.
En respuesta, el Defensor del Pueblo emitió una serie de recomendaciones con el objetivo de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de San Luis proporcione a los aspirantes un espacio alternativo adecuado para el dictado de clases mientras se llevan a cabo tareas de puesta en valor del Instituto y, de esta manera, se inicie a la mayor brevedad posible el dictado de clases correspondientes al ciclo lectivo 2024 en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
El conflicto comenzó con el dictado de la Resolución 05-MS-2023, emitida el 27 de diciembre de 2023, por el Ministerio de Seguridad, la cual dejó sin efecto las Resoluciones Rectorales Nº 22-ISSP-2023, 23-ISSP-2023, 24-ISSP-2023 y 25-ISSP-2023, suspendiendo así el ingreso para el Ciclo Lectivo 2024 en diversas carreras relacionadas con la seguridad.
Los aspirantes, tras superar diversas etapas eliminatorias (incluyendo estudios psicológicos, físicos y médicos), culminaron el proceso con un orden de mérito publicado el 6 de diciembre de 2023. Sin embargo, el 3 de enero de 2024, recibieron un correo electrónico notificando la suspensión del ingreso al primer año del ciclo lectivo, generando incertidumbre entre aspirantes y familiares.
La suspensión se basa en la imposibilidad del Instituto de garantizar las condiciones edilicias adecuadas, según un relevamiento realizado por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Seguridad, y se argumenta que esta situación no puede ser revertida a corto plazo. El Defensor del Pueblo también solicita al Ministerio de Seguridad que informe sobre las tareas a realizar y el tiempo que demandará la puesta en valor de las instalaciones del Instituto, con el objetivo de brindar certeza a los aspirantes y sus familias.
“Esta intervención busca garantizar el derecho a la educación de los jóvenes afectados y dar respuestas concretas a una situación que ha generado preocupación en la comunidad. El Ministerio de Seguridad deberá ahora responder a estas recomendaciones y proporcionar información detallada sobre las acciones a tomar”, señalaron desde la Defensoría.
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