La investigación del fiscal Guillermo Marijuan indica hasta el momento, que en 20 distritos de Argentina, más de 9.000 personas cobraron el plan social nacional Potenciar Trabajo y al mismo tiempo se desempeñaban como empleados públicos provinciales. En San Luis se habrían detectado 46 personas que cobraron este beneficio, según surge de un artículo publicado por Infobae. El monto que se percibe por Potenciar Trabajo es el 50% al monto del salario mínimo vital y móvil. En enero el beneficio fue de $78.000.
El fiscal solicitó a fiscales y magistrados de los distritos donde se detectaron las incompatibilidades que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
El desfalco estimado al Estado nacional es $705.198.000 por mes y cercano a los $8.000 millones al año.
A nivel nacional en San Luis es por ahora donde se detectó la menor cantidad de casos. En Buenos Aires (2.243), Tucumán (1.135) y La Rioja (1.060) se registraron la mayor cantidad de irregularidades.
La cifra de 9.000 a nivel nacional no es definitiva, ya que falta la información de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca.
8.000 bajas del plan provincial
A mediados de enero, el Gobierno provincial dio de baja 8.055 beneficiarios del Plan de Inclusión por incumplimientos de los requsitos para acceder al beneficio. En la información relevada, se detectó que había 12 personas fallecidas, 252 que no residían en la provincia, 110 menores de edad y 2.619 ciudadanos que excedían el límite etario requerido por la legislación para acceder a los diferentes planes destinados a los jóvenes.
A estos 2.993 casos que venían cobrando sin cumplir con los requisitos legales para la percepción de los mismos, se suman 5.062 personas que no se presentaron de manera personal durante los días previstos para el censo, ni durante los días de prórroga que se otorgaron para tal fin.
Finalizadas las bajas, el Plan de Inclusión quedó con 35.515 beneficiarios a enero de 2024.
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