Este jueves, La Gaceta Digital dialogó con el abogado Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, sobre la causa de Cintia Ramírez, la imputación y las medidas que ordenó el juez; y la novedad que implica en San Luis un juicio por hechos de corrupción.
Al comienzo de nuestra conversación, Calderón Salomón destacó que esta es la primera causa, de los 22 expedientes que Fiscalía de Estado tiene en la Justicia Provincial, en llegar a esta instancia. “El denominador común son justamente los delitos en contra de la administración pública. Particularmente, en la causa de Cintia Ramírez, exsecretaria de Deportes, tenemos hechos que ya son de público conocimiento, como lo es la compra de un colectivo, con una diferencia abismal a lo que sale a valor de mercado; como así también ciertas transferencias que hacía a raíz de su calidad de secretaria de Deportes y presidente del Ente de Deportes, que justamente actuaba como control de que la plata de la Secretaría de Deportes no vaya por cualquier lado. Justamente ese control lo hacía la propia Cintia Ramírez, quien financiaba con el dinero y las arcas de la provincia el 100% de un club del que ella es presidente, que es el famoso San Luis Fútbol Club, de fútbol femenino”.
En total, a Ramírez se le imputaron 5 delitos: negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y fraude en perjuicio de la administración pública. También durante la audiencia, se ordenó una serie de medidas coercitivas, como la firma, una vez al mes, del libro de imputados y la inhibición de bienes.
Sobre la firma del libro, el letrado explicó que es “a modo de controlar de que está a disposición de la justicia. Por eso una vez al mes, en los primeros días, ella tiene que refrescar esa colaboración de que está a disposición de la justicia para cualquier cosa que así lo requiera”. Además, se le prohíbe la salida de la provincia, lo que seguramente va a dificultar su tarea como vicepresidenta del Torneo Federal A, cargo para el que fue designada en enero.
“Ella no podría salir de la provincia, salvo que lo justificara por una cuestión de carácter urgente y con previa autorización de la fiscalía. Todos estos parámetros y requisitos los tiene que cumplir porque ya no está en una etapa de simplemente denunciada, sino que ya hay varios elementos en su contra que pueden hacer presumir que se podría eventualmente llegar a una o varias condenas de estos delitos que nosotros hemos imputado en su contra”, explicó.
Estas medidas van a regir por un periodo de 120 días, durante los cuales el fiscal deberá investigar la causa. Este plazo puede reducirse, si el fiscal considera que ya tiene todas las pruebas que necesita, o extenderse, si la querella solicita una prórroga para presentar más pruebas.
“En principio, en cuatro meses ya deberíamos estar en la etapa de juicio oral para lograr una condena. En el caso de la inhibición de bienes, esa medida no es por cuatro meses, sino hasta que termine todo el proceso de investigación, incluido el debate oral y demás, y ni hablar si se logra una condena”, añadió Calderón Salemón.
Profundizando sobre la inhibición de bienes, el abogado especificó: “Estas son medidas cautelares, lo que significa que solamente es un freno para evitar que se haga tal o cual cosa. Yo pedí en esa audiencia un embargo sobre un bien particular de ella, que es una propiedad que tiene en Juana Koslay. Sin embargo el juez ordenó la inhibición porque es un poco más genérica y abarcativa. La inhibición se aplica directamente a la persona y todos los bienes registrales que tiene a su nombre. Es decir que no puede enajenar, no puede vender, no puede transferir y no puede hacer ningún movimiento con esos bienes. Te los congelan”.
“Nosotros tenemos más pruebas aún para incorporar, que frenamos un poco porque entendemos que era importante la audiencia de formulación de cargos, y ahora vamos a sumar esa testimonial y los informes que tenemos. Esto perjudicaría aún más la responsabilidad de Ramírez, como algunos informes que nos llegaron a último momento, que acreditan sobre todo el desvío de fondos al club, y que fue pura y exclusivamente intencional también”, cerró Calderón Salomón.
La novedad de un juicio por hechos de corrupción
Sin lugar a dudas, esta clase de delitos son algo completamente nueva para la Justicia puntana, ya sea para jueces, como fiscales y abogados defensores o querellantes. La Gaceta Digital consultó a Calderón Salomón sobre lo que implica toda esta experiencia. “Esto es algo que también nos planteamos en general, o por lo menos yo como profesional. Los delitos económicos que ahora están bastante de moda, no solamente por la corrupción, sino por lo que tiene que ver la imputación a las personas jurídicas también; son delitos bastante interesantes porque son novedosos, si se quiere, y son muy distintos a un abuso, a un accidente o al delito cotidiano a la hora de investigar, a la hora de probar y a la hora de expresar los fundamentos”, comentó el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, quien contó que el año pasado se capacitó en esta materia y que justamente este será un tema sobre el cual distintas instituciones, como la Universidad Católica de Cuyo, planean dictar más capacitaciones.
“Esto amerita un estudio pormenorizado diferente, porque en estos delitos económicos, la plata, lo pecuniario, el dinero, pasa a tener un valor diferente porque también es la pena. Como uno quiere asegurarse de que una persona no se fugue porque el día de mañana cuando lo condenen no va a estar, lo mismo pasa con la plata. Es decir, la pena en estos delitos, además de que vaya en prisión o no la persona, es dinero. Entonces si ese dinero vos no lo conservás a través de alguna medida cautelar, de un embargo, de una inhibición, no te asegurás de que esa persona no se pueda declarar insolvente. Entonces, todo el esfuerzo que vos hagas, el juicio oral, el desgaste, las pruebas, vas a llegar al momento final, vas a lograr la condena tan ansiada, pero te vas a encontrar que esa persona es insolvente, no tiene un peso y el efecto de la justicia se deviene, como se dice, abstracta, deja de tener sentido. Por eso el chip tiene que estar muy preparado respecto a lo económico”, explicó el letrado.
Calderón Salomón también habló sobre lo que implica el enriquecimiento ilícito, y apuntó a la causa en contra del ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich. “Son delitos parecidos, pero que se comprueban de otra forma, porque ahí hay que ver lo que ha cobrado y cuál ha sido el trabajo. Por ejemplo, tenemos la causa de Anzulovich, donde se establece cuál ha sido el trabajo que tiene él durante todo ese tiempo, qué cargos ha ejercido según la AFIP, ya sea estando en blanco o cargos políticos; y si todo esto se condice con la cantidad de propiedades que tiene en su nombre. Ahora bien, cuando una causa ya se empieza a encaminar para este tipo de denuncia de enriquecimiento ilícito, o lavado de dinero, ya estamos en la órbita de la de la Justicia Federal, pero muchas veces las primeras pruebas se hacen a raíz de estos expedientes de corrupción en la justicia provincial”, comentó el letrado, quien además señaló que esto implica también una investigación muy compleja, para ver si tiene propiedades a nombre de familiares u otras personas interpuestas.
“Yo creo que hay ciertos términos o momentos o espacios en donde nos tenemos que unificar y juntar todos los argentinos en general, y una de esas causas o de esos motivos es, por ejemplo, la política anticorrupción. Sea del color político que sea, no importa, lo importante es devolverle un poco al habitante de la provincia de San Luis, a los ciudadanos de San Luis, esa sensación de que la Justicia está y que si alguien se robó algo del Estado, va a pagar o habrá alguna consecuencia”, concluyó Calderón Salomón.
