Un hombre de 54 años está acusado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar cuestiones de género y enfrenta un pedido de condena de 11 años de prisión. El debate oral y público inició este lunes ante el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, integrado por José Luis Flores, María Eugenia Zabala Chacur y Jorge Sabaini Zapata.

El hecho investigado sucedió el 25 de diciembre de 2021 en el Barrio Ampare de la ciudad de San Luis. Según la acusación del Fiscal de Instrucción Nº 3 Esteban Roche, ese día a las 17 horas, José Luis Casiva, dueño de una empresa constructora, se hizo presente en la vivienda de su ex pareja para retirar algunas de sus pertenencias del inmueble que constituía el domicilio conyugal.

De acuerdo a lo narrado por la Fiscalía, una vez que el hombre ingresó a la residencia comenzó a discutir con la mujer y a recriminarle “que nunca se iba a poder separar de él, que no iba a ser de nadie más y que si era necesario la iba a matar”.

En ese momento la golpeó en el rostro y mientras la mujer se encontraba en el piso la amenazó con dos cuchillos, momento en el cual la víctima aprovechó para escapar de la casa. El empresario la alcanzó en la vereda y continuó golpeándola, pero tuvo que detenerse por la aparición de personas que se encontraban en la vía publica “lo que a priori terminó salvándole la vida” expresó el Fiscal. Finalmente, el atacante ingresó en la vivienda y posteriormente fue detenido por personal policial.

La víctima ya había denunciado a su expareja por violencia el 23 de julio de 2021 y tenía una orden judicial de prohibición de acercamiento y contacto por 30 días, expedida por el Juzgado de Violencia correspondiente. Como Fiscal de Juicio actúa Virginia Palacios Gonella, mientras que como representantes de la particular damnificada están las abogadas Marina Zilliotto y Claudia Rocha. Finalmente, la defensora del imputado es Linda Yanina Maluf Martínez.

Rechazo de juicio abreviado
En diciembre del 2023 la Cámara Penal Nº 2, integrada por Hugo Saa Petrino, Adriana Lucero Alfonso y Fernando Julio De Viana, rechazó la petición de juicio abreviado a favor de Casiva. Uno de los principales argumentos de esa sentencia es que los hechos no son lo suficientemente claros y no permiten la coincidencia con el encuadramiento legal propuesto en el acuerdo. En consecuencia, tampoco se puede evaluar la adecuación de la pena.

“Ello es así por cuanto una variación del encuadre jurídico, conlleva a una alteración de la escala penal a considerar, más la definición certera de otros elementos que pudieran operar en la presente causa”.

Inicialmente el Juez actuante, al momento de la imputación al acusado y luego por la fiscalía, calificaron la causa como “homicidio en grado de tentativa doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Mientras que, en el acuerdo, el Fiscal de Cámara, junto a la defensa solicitaron la calificación de “lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”.

Esta mutación de calificación “no fue debidamente fundada en las pruebas que se encuentran incorporadas a esta causa lo que impide al tribunal arribar a la certeza necesaria para este estadio procesal, respecto a los hechos y su calificación legal”.