Esta mañana, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, en sesión extraordinaria, la nueva ley de moratoria, llamada “Ley de Régimen de Consolidación, Regularización y Sinceramiento de Deudas – Modificaciones al Código Tributario Provincial”. Inmediatamente después, sin ningún tipo de aviso oficial a la prensa, el Senado también convocó a sesión extraordinario y le dio la media sanción necesaria al proyecto, convirtiéndolo en ley.
La presidenta del bloque Cambia San Luis, Eugenia Gallardo, comenzó destacando que este proyecto busca “generar los incentivos que se necesitan para poder sanear situaciones de deudas” y recaudar plata para dar “cumplimiento a nobles objetivos”. Después agregó que la ley es “generosa y solidaria”, ya que lo recaudado será destinado para poder solventar los gastos del “plan alimentario, nutricional escolar” y no obras “que no pide nadie”. Aseguró también que los fondos se destinarán al “emprendedurismo” para “reconfigurar la cultura del trabajo”.
Gallardo continuó con los elogios al proyecto, señalando que es “muy amplia” y que “se consideran todas las deudas que los privados tienen con el estado”, como por ejemplo ingresos brutos, los impuestos inmobiliarios, automotor y de sellos; deudas que mantienen los agentes de percepción, multas en todos sus tipos y saldos pendientes de planes de pagos suscriptos previamente al presente régimen de moratoria. También se incorporan las deudas por cuotas de viviendas no pagas o préstamos del estado.
“Es amplia y también le pongo mucho acento a la excepcionalidad. El Estado no busca con esta ley tener permanentemente una ley de moratoria vigente, no es bueno para la salud de las finanzas del Estado”, señaló la diputada oficialista, haciendo hincapié en que la moratoria será hasta el próximo 31 de mayo.
Por el lado de la oposición, Claudia Pinelli señaló algunas cuestiones con las que su bloque no estaba de acuerdo, como por ejemplo que el proyecto autoriza al Gobierno, si se cae la moratoria, a realizar una nueva, “recalculando de oficio los intereses que va a llevar”. “Para nosotros esto es darle demasiadas facultades a la DPIP”, sostuvo, destacando que se podrá trabar embargo sobre bienes muebles e inmuebles. “Está sobrepasando los límites de la DPIP en este momento, y más en esta situación económica”, añadió.
Otro punto que fue criticado es que se faculta al Poder Ejecutivo a extender el plazo más allá del 31 de mayo, pero no se fija una fecha límite. Como señaló Silvia Sosa Araujo en su exposición.
También se criticó el artículo 40, señalando que el mismo se traduce en que lo recaudado en el marco de esta moratoria no será coparticipado al Poder Legislativo ni a los municipios de la provincia.
A lo dicho por su compañera de bloque, Fernanda Spinuzza le agregó que la moratoria debería partir de condiciones “más justas o más accesibles, porque si hasta la fecha no habían podido pagar, en este contexto va a ser prácticamente imposible”. En este sentido, explicó que la moratoria aprobada en 2020, y que el actual oficialismo no acompañó, tenía un interés del 1% mensual, mientras que en la nueva es del 10%.
Luego, la diputada Marisa Patafio, del bloque Cambia San Luis, expresó que esta moratoria no es un plan de pago como se estableció en el 2020. “En este caso, la moratoria establece condonación y rebajas de intereses, da posibilidades de hasta 40 cuotas en una situación de crisis económica”, alegó.
Hasta este punto, el debate se centró específicamente en el proyecto, pero de a poco se empezó a desvirtuar y convirtiéndose en una seria de slogans de campaña, centradas principalmente en la pobreza infantil y quién tiene la culpa de que los niños pasen hambre. Obviamente, tampoco faltó el opositor que señaló como algo malo que una ley de moratoria tenga un carácter recaudatorio. Esta vez, fue Sonia Delarco la que hizo este desafortunado comentario.
Luego de casi 2 horas y media de debate, el proyecto se sometió a votación y fue aprobado por los 27 votos del oficialismo y sus aliados contra 14 de la oposición.
Inmediatamente después, el proyecto fue tratado en el Senado, donde se logró su aprobación por unanimidad. “Tuvimos una reunión parlamentaria previa y ahí consensuamos el acompañamiento del bloque del PJ y pudimos sacar una ley en sesión extraordinaria”, comentó a La Gaceta Digital el senador Adolfo Castro Luna.
