Este miércoles, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró enviar a archivo, prácticamente sin ningún tipo de tratamiento, a la nota mediante el cual el Gobierno provincial remitió copia, de manera oficial, del polémico decreto N° 150 dictado por Claudio Poggi. Este decreto ordena “la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad por el término de UN (1) AÑO”, algo que siempre se hizo por ley; y también establece que el Ejecutivo “podrá aumentar el número total de cargos”, algo a lo que su bloque de legisladores se opuso fervientemente en las sesiones del 6 y 13 de septiembre del año pasado. Este decreto, y otros más, funcionaron como los DNU del Gobierno Nacional, a pesar de que no existen en el marco de la Constitución Provincial.
Este tema desató el enojo de la diputada opositora Silvia Sosa Araujo. “El decreto del Gobernador de la provincia, teniendo en cuenta que (los DNU) no están contemplados en la Constitución, tienen que pasar a las comisiones respectivas para la ratificación o no correspondiente. Ellos tienen los votos, debieron ir a la Comisión, ratificarlo como corresponde, pero no directamente lo pasaron a conocimiento y archivo. Si venimos a legislar, somos legisladores, la Constitución establece cuáles son las facultades que tenemos los legisladores. Si realmente va a legislar el Gobernador de la provincia desde el Ejecutivo, entonces que no vengan más, que no se hagan sesiones porque el quórum lo tienen ellos. Entonces que no legislen, ¿qué vamos a debatir?”, disparó la ex ministra de Salud y ex presidenta de la Cámara.
“Claramente, te remito a la sesión del 13 de septiembre del 2023, donde dicen todo lo contrario a lo que dice el 150. Se olvidaron de lo que dijeron, nosotros decimos lo mismo, no cambiamos. Nosotros siempre tenemos el mismo discurso, no cambiamos. Vamos con fundamentos. Acá están mintiendo. Entonces, el 150 es totalmente contrario a lo que los mismos diputados de ellos decían en la sesión ordinaria número 20 de fecha 13 de septiembre”, continuó Sosa Araujo, señalando lo informado por La Gaceta Digital a fines de diciembre del año pasado.
“Los nuevos oficialistas están llenos de abogados. Todos agacharon la cabeza. Por favor, somos legisladores, venimos a legislar. Entonces, se acabaron las sesiones. Viene el Ejecutivo, dicta, mandamos a archivo. No, que vaya a la bicameral y rectifíquela, hermano. O sea, perdónenme la expresión, pero me enoja. Entonces, no nos mientan, dejemos de mentirle a la gente. Hagamos las cosas como corresponde, vengamos a legislar”, agregó Sosa Araujo.
La versión del oficialismo
Al finalizar la sesión, La Gaceta Digital consultó al diputado Carlos Pereira, de Cambia San Luis, sobre el polémico decreto. “Institucionalmente, los entes públicos lo que hacen es dar cuenta de sus actos de gobierno. En un estado de derecho existe lo que se llama la publicidad de los actos de gobierno y lo que hacen es comunicar a este honorable cuerpo de sus actos. En este ámbito se ingresa vía nota; en este caso una nota remitida por el Poder Ejecutivo, que comparte el carácter jurídico de una nota de igual tenor que puede presentar un ciudadano u otra entidad o a veces las comunicaciones que recibimos del Senado. La modalidad es la nota, eso integra el sumario, el orden del día y lo que hace el cuerpo es aprobar ese ingreso, es decir, una opinión sobre lo adjetivo, lo formal”, argumentó Pereira.
El oficialista aseguró que este pase a archivo “no implica dar cuenta del contenido o del fondo del asunto” y reconoció que “nosotros no tenemos reglados los decretos de necesidad y urgencia por constitución”, razón por la cual “el Gobernador en la necesidad de la reforma constitucional”.
“Hay una tradición, una práctica y eso lleva a que a veces la práctica sea más o menos opinable en el andar institucional, como nos pasó con la pandemia”, añadió Pereira, dando un buen ejemplo de casos anteriores en los que se aplicó una suerte de DNU en nuestra provincia.
Consultado sobre el decreto 150, mediante el cual Poggi establece algo que Pereira y gran parte de su bloque votó en contra, el oficialista primero reiteró que este pase a archivo no supone “ninguna trascendencia” y que todavía se puede analizar, aunque no demostró la más mínima intención de hacerlo.
En este sentido, un colega le remarcó al diputado cómo el nuevo oficialismo se está comportando exactamente igual que el anterior. “Yo creo que en eso somos muy distintos, nosotros tenemos una apertura a la institucionalidad y tenemos otra forma, digamos, de entender el proceso de sanción de leyes. Y sí entendemos que, como toda cuestión jurídica e institucional, hay cosas que son opinables y, bueno, pasa que no en el derecho, que siempre nos dicen los profes que una biblioteca a la mitad está a favor y la otra en contra. Son cuestiones por ahí de criterio nada más, yo no veo acá algo grave de fondo”, concluyó Pereira.
