Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador, Claudio Poggi, anunció que va a “impulsar un proyecto de ley que elimine la Feria Judicial”, que es el término con el que se conoce a las vacaciones del Poder Judicial, por un mes y medio al año, lo que implica la “suspensión de los plazos procesales”, lo que “conspira contra la eficiencia del servicio”.
“El derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos se contrapone con la paralización de la Justicia por un mes y medio. A esta altura de los tiempos, con el expediente digital, las comunicaciones electrónicas, más que una necesidad, la Feria Judicial aparece como un privilegio del Estado. Y esta propuesta nada tiene que ver, ni afecta, el derecho al descanso de los agentes judiciales, así como en un hospital, o en una comisaria, las vacaciones se organizan y se coordinan”, dijo Poggi.
En este contexto, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL) emitió este lunes, tras haber analizado el anteproyecto de ley, el siguiente comunicado, donde sostiene que la eliminación de la feria judicial “no aborda el verdadero problema que aqueja a nuestra justicia”.
A continuación, el comunicado del CAPSL:
“Habiendo tomado conocimiento del anteproyecto de ley tendiente a la eliminación de la feria judicial, creemos necesario manifestar nuestra postura sobre el particular.
“No desconocemos la seria problemática judicial, especialmente la mora en los pronunciamientos. Y vaya que si desde nuestro colegio hemos tratado de abrir caminos de diálogo a fin de que surjan soluciones. Sin abandonar en esta línea de conducta, seguiremos dispuestos a escuchar y trabajar.
“Sin embargo, entendemos que hay cuestiones de mayor gravedad y que ameritan una urgente solución. La iniciativa de supresión de la feria judicial no aborda el verdadero problema que aqueja a nuestra justicia. Históricamente la feria judicial ha cumplido un rol ordenador de la actividad profesional independiente, constituyéndose en el único periodo del año judicial que los abogados litigantes pueden destinar a la programación de sus actividades.
“En merito a ello, instamos a las autoridades a enfocarse en medidas que aborden de manera integral la falta de personal en la justicia, mejora en las condiciones laborales y la implementación de tecnologías que agilicen los procesos judiciales.
“Del mismo modo, entendemos que es fundamental que cualquier modificación al sistema judicial sea producto de un análisis exhaustivo y consensuado entre todos los actores involucrados y en este sentido debe respetarse nuestra posición en el rol de auxiliares y operadores del sistema judicial, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia y garantizar el acceso a un proceso judicial eficiente y equitativo para todos los ciudadanos.
“Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los principios fundamentales del derecho y seguiremos trabajando en pos de una justicia transparente, independiente y accesible para toda la comunidad”.