El próximo lunes 22 de abril comenzará el juicio por el homicidio del oficial de policía Diego Gatica, ocurrido en el año 2022, tras una brutal golpiza que recibió mientras era asaltado en el Corredor Vial. El comienzo del juicio fue programado originalmente para noviembre de 2023, pero a fines de octubre se suspendió por pedido de los abogados de la familia de la víctima, Rafael Berruezo y Maximiliano Del Signore, quienes argumentaron que faltaba incorporar pruebas que sustenten la hipótesis de que Gatica fue atacado por ser policía. En aquella ocasión el arranque del juicio se reprogramó para finales de febrero, pero ante un nuevo pedido de la querella se postergó hasta el lunes de la semana que viene.
En este contexto, Carina Ledesma, la mamá de Diego, publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Facebook, pidiéndole a los jueces que “sean valientes y sienten precedentes”, y asegurando que el dolor que siente no se lo desea “ni a las madres de tus asesinos”.
El mensaje de Carina
Hay tres imputados en la causa: Alexis Cuello Morán, Maycol Bustos, Lautaro Cruz, acusados de homicidio en ocasión de robo y enfrentan pedidos de pena por parte de la Fiscalía de Instrucción que van de los 25 a los 5 años de prisión.
“Este Ministerio Público tiene por acreditada la materialidad del hecho y la responsabilidad de los imputados”, dijo la fiscal N° 4, María del Valle Durán, a cargo de la investigación penal preparatoria, allá por julio de 2023, cuando se fijó fecha de inicio de juicio por primera vez. Por todo esto, para el primer imputado, Lautaro Mauricio Cruz, la fiscal solicitó 25 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de menores.
Con respecto a Maycol Lautaro Bustos y Alexis Uriel Cuello, la fiscalía los acusó de partícipes secundarios del delito de homicidio en ocasión de robo y pidió 5 años de prisión para el primero y 8 años para el segundo.
A los otros tres jóvenes implicados, Enzo y Esteban Colombo y Omar Ortiz, se les dictó la suspensión de juicio a prueba y no irán a debate oral, pero deben cumplir con tareas comunitarias, realizar un resarcimiento económico y cumplir reglas de conductas. Enfrentaban pedidos de pena que iban de los 2 años a los 10 meses por desobediencia a la autoridad, encubrimiento agravado y encubrimiento agravado con ánimo de lucro, delitos susceptibles de pena de ejecución en suspenso.
