Hipocresía pura se vivió hoy en la Cámara de Diputados. Por un lado, los ex oficialistas y ahora opositores que antes rechazaban todos los pedidos de informe de sus rivales, acusándolos de solo presentarlos para generar titulares para sus medios de comunicación, hoy hicieron exactamente eso mismo. Mientras tanto, los ex opositores y ahora oficialistas, que siempre dijeron que si el Gobierno no tiene nada que ocultar puede responder estos informes sin problemas, hicieron lo que tanto le criticaron a sus rivales por años: pegar el manotazo para mandar los proyectos a comisión, sin debatir ni siquiera una palabra sobre los mismos.
En detalle, los pedidos de informe presentados por la oposición fueron dos. El primero de ellos se refiere a “la situación de gravedad del Sistema de Salud Provincial”, tomando como base los distintos reclamos de los profesionales de salud que los medios de la provincia, salvo los oficialistas, han reflejado en las últimas semanas. El otro proyecto pide que se informe “sobre distintos puntos relacionados a la entrega de viandas escolares”. En su argumentación, la opositora Sonia Delarco mencionó que los padres de un alumno que asiste a la escuela Germán Avé Lallemant aseguran que su hijo encontró un gusano en la vianda que le dieron a su hijo, como parte del nuevo plan de alimentación del Gobierno. Delarco habló de “falta de las higienes sanitarias básicas que se necesitan para cada alimentación” y pidió saber “cuáles son los controles sanitarios”.
La oposición pidió sobre tablas el tratamiento de estos proyectos, pero el oficialismo hizo uso de sus números, pegó el manotazo y los mandó a las comisiones de las que nunca saldrán.
Sin embargo, el pedido de informe que más molestó al oficialismo, al punto de que trataron de impedir que el opositor Federico Berardo expusiera las razones de urgencia por las cuales consideraba urgente su tratamiento, fue uno que no figuraba en el orden del día y que tiene que ver con una denuncia realizada por el abogado rodriguezsaaista Gustavo Reviglio en contra de Claudio Poggi, por enriquecimiento ilícito.
Esta denuncia es del año 2021, pero el pasado 5 de abril, Juan Carlos Nacul, titular del Juzgado Federal de Villa Mercedes, subrogando al magistrado Juan Esteban Maqueda en el de San Luis, libró un oficio con varias medidas para conocer el estado patrimonial del mandatario y operaciones financieras realizadas por él y su esposa.
“Entre los motivos que justifican la denuncia efectuada contra el actual gobernador, se encuentra la abultada declaración jurada que presentó cuando cumplía su rol de legislador nacional, que menciona entre otras cosas que Claudio Poggi es dueño de 9 departamentos en San Luis, mas otras propiedades en Rio Cuarto, la ciudad de Buenos Aires y en Alpa Corral. A partir de la denuncia, la justicia ha realizado distintas acciones que incluye: pedidos de información a la AFIP, a la Escribanía de Gobierno y al Congreso; además del levantamiento del secreto bancario; el llamado a declaración testimonial a una decena de personas; y la solicitud de información a Rentas de Córdoba y el Registro de Propiedad de la Ciudad de Buenos Aires”, dice el proyecto presentado por la oposición.
El proyecto, explicó Berardo, apunta a la Secretaría de Ética Pública, para que informe sobre esta causa. “Si fuera cualquier funcionario del ejecutivo nos preocuparía mucho, pero son acusaciones muy serias que están dirigidas hacia el gobernador de la provincia”, argumentó el opositor. Minutos después, el tratamiento sobre tablas de este proyecto se sometió a votación y, obviamente, fue rechazado por 25 votos negativos a 14 positivos.
