El procurador general de la Provincia, Luis Martínez, brindó a La Gaceta Digital su punto de vista sobre las declaraciones que hizo la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, en el acto de presentación de nuevas patrullas para la Policía. La funcionaria pidió más compromiso de la Justicia en su accionar y mencionó que fueron detenidas 1087 personas por delitos el flagrancia en los últimos seis meses, pero solamente a 117 se les formularon cargos en la Justicia provincial.
Una de las preguntas que respondió Martínez es si tomó las declaraciones de Sosa como un ataque al Poder Judicial. “No siento que sea un ataque. Tengo que tener buena fe, tengo que tener honestidad intelectual para entender que no es un ataque. Creo que hay en algún punto un desacierto. Creo que es un desacierto probablemente ideológico, un desacierto formativo”, fue su respuesta respuesta y agrego que se trabaja con la máxima cooperación con la Policía provincial.
En el acto que se realizó el viernes pasado frente de la Catedral, Sosa dijo en su discurso que en el último semestre hubo 1087 detenciones por delitos en flagrancia. Se le iniciaron causas judiciales a 117 y a la mitad se le dictó prisión preventiva.
“Voy a solicitar el registro de las detenciones porque no nos coinciden los números de ella con los nuestros, pero esto es un dato absolutamente menor. Me parece que hablar estrictamente de los detenidos, de alguna manera, es desviar la atención sobre un problema que es macro, que es mucho mayor que es la conflictividad social y los problemas que está padeciendo la sociedad”, comenzó respondiendo Martínez.
El funcionario judicial mencionó que al año, el Poder Judicial tiene entre 20.000 y 25.00 hechos penales. En promedio, hay entre 11.000 y 10.000 por semestre dijo a manera de ejemplo. “Hablar de 1.000 detenciones significa que hay otros 9.000 hechos penales que están en investigación, que tienen autores indeterminados y que también afectan a la sociedad. Entonces, circunscribir a ese dato y exponerlo de esa manera, aun cuando tuviera razón numéricamente, es evadir la responsabilidad respecto de otros problemas generales que tiene la sociedad”, criticó Martínez.
Por otra parte, Martínez afirma que “un enorme porcentaje” de las detenciones por delitos en flagrancia son por resistencia a la autoridad y “ningún juez en la Tierra te daría una prisión preventiva por esos hechos”. Otras detenciones son por hurtos, que al tener una escala penal baja, no tienen condena de prisión efectiva en caso y tampoco se puede aplicar una prisión preventiva.
Para el procurador, la inseguridad responde a múltiples causales como la falta de trabajo y la violencia doméstica, entre otros factores. La Justicia actúa cuando “todos los otros estamentos del Estado han fracasado. Cuando el orden social y los recursos del Estado fracasan en la cuestión económica, en la cuestión salarial, en la salud, en la seguridad pública, en la educación, terminan todos los hechos judicializados”.
En cuanto a la intervención del Poder Judicial, Martínez remarcó que la Justicia recibe el 4% del presupuesto anual de la Provincia para su funcionamiento. “El 4% es, para decirlo en estos términos, cuánto le importa a un Estado la Justicia. Si yo le doy a la justicia sólo el 4% de los recursos que dispongo, quiere decir que le estoy asignando muy poco valor”, criticó.
Un dato que reveló es que del 4% del presupuesto destinado al Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal se financia con el 0,6%. “Somos un Ministerio Público Fiscal absolutamente raquítico. Somos un Ministerio Público Fiscal que no podemos incorporar gente, que tenemos enormes dificultades para completar todos los cargos que tenemos pendientes”, comentó el procurador.
Siguiendo con la crítica al Ejecutivo provincial dijo que hay una contradicción. Argumentó que el Gobierno suspendió la ley de lucha contra el narcomenudeo “porque lleva a mucha gente presa”, pero por otro lado se pide “encarcelamiento” en referencia a las declaraciones de la ministra.
El procurador señaló hay una discusión que va más allá de la labor de los fiscales. Se debe hablar de los problemas de la sociedad y cómo hacer para bajar la conflictividad social.
