Con 5 votos positivos (3 de sus senadores y dos de sus nuevos aliados, Diego y Juan Carlos García) contra 4 negativos, el poggismo logró hoy en el Senado la media sanción a la modificación del Código Procesal Penal para incluir, entre otras reformas, el dictado de prisión preventiva, por riesgo de fuga, a un delincuente que tenga antecedentes u otras causas en proceso. La reforma incluye también la posibilidad de que un juez ordene el “inmediato reintegro de la posesión o tenencia” de un bien inmueble usurpado.
“Los 10 artículos que se modifican son importantes. La reiterancia, la flagrancia, pero principalmente la usurpación ilegal, porque hoy vemos como vecinos que son propietarios de sus campos, de sus casas, cuando alguien les usurpa su casa, tienen que deambular entre el juzgado penal y el juzgado civil para que le restituyan un inmueble que es él, sobre que tiene derechos reales sobre el mismo y escritura sobre el mismo”, fue lo primero que dijo el senador Martín Olivero, quien fue el miembro informante del oficialismo sobre este proyecto.
“Con este proyecto se pretende la rápida respuesta que nos exige, que nos implora la ciudadanía para poder vivir en paz. San Luis dejó de ser el pago tranquilo y de buenos amigos. Necesitamos un compromiso de todos para trabajar y poder recuperar ese bien tan preciado que es la tranquilidad de nuestro pueblo”, continuó Olivero.
En materia de estadísticas, el senador mencionó la cifra que remarcó la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, la semana pasada, revelando que, de 1.087 detenidos, a solo 134 le dictaron la prisión preventiva. Esto, dijo Olivero, significa que los magistrados de turno “ordenan la inmediata libertad de los mismos”.
“Una persona de apellido X, el día 15 de enero de 2024, cometió un hurto agravado. ‘Libertad’, ordenó el fiscal. Esa misma persona, el 23 de abril, cometió un delito de robo calificado por participación de menor. ‘Libertad’. La misma persona, el 26 de mayo de este año, daños a la propiedad. ‘Libertad’. Este individuo que cometió tres delitos en tres meses, sigue actualmente en libertad”, ejemplificó Olivero. “Ustedes imagínense el grado de indignación que genera en la sociedad que la persona que le robó en su casa siga pasando al frente de su propiedad, mirándolo y hasta riéndosele. Y lo que genera en la fuerza policial, que bajan los brazos y dicen ‘no lo detengo más si la Justicia no hace absolutamente nada’”, añadió el legislador.
Continuando con estadísticas, señaló que San Luis, con sus 20 juzgados penales, tiene un promedio de 3,8 juzgados cada 100.000 habitantes, superando a provincias como San Juan (1,13 cada 100 mil), Mendoza (1,03 cada 100 mil) y Buenos Aires (1 cada 100 mil). “Lo digo porque por ahí escuchan algunos dirigentes políticos, politólogos, comentaristas, incluso también miembros del Poder Judicial, que hablan de que faltan juzgados. Miren, lo que falta es compromiso y trabajo, no tantos juzgados”, dijo Olivero, claramente tirando un palo a la Justicia local. Como si eso fuera poco, sumo datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación para señalar que San Luis tuvo menos de 8 sentencias por año por juzgado penal.
“Por eso sostengo, señor presidente, que hay que ser más empático con la sociedad. La sociedad nos exige realmente que le demos las herramientas al Poder Judicial para que pueda realmente combatir este flagelo. Por supuesto, necesitamos que el Ministerio Público Fiscal, a través del Procurador General (Luis Martínez), jefe de los Fiscales, entienda, trabaje, se comprometa en la política criminal de nuestra provincia”, dijo Olivero, disparando contra el procurador Luis Martínez, quien ayer contestó a través de La Gaceta Digital las críticas que ya había hecho la ministra de Seguridad.
Ya finalizando, Olivero destacó que la ministra informó que “lugar hay” en las cárceles locales para albergar a muchos más delincuentes.
Por el lado de la oposición, el senador Hugo Olguín leyó tímidamente un informe que apenas se escuchó en la sala de prensa, debido a que todavía no hay un buen sistema de audio. En su alocución, sostuvo que esta modificación “violenta el principio de culpabilidad”, lo cual “constituye la garantía intrínseca de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional”. “Incorporar la reiterancia como forma de agravar la situación del inculpado para impedir la libertad durante el proceso significa incorporar cuestiones ajenas al tipo penal y vulnerar los principios de legalidad y tipicidad”, añadió.
Después de esta intervención, el proyecto fue sometido a votación y obtuvo media sanción por 5 votos afirmativos a 4 negativos, por lo que pasó a la Cámara de Diputados para finalmente ser aprobado.
Tras la sesión, en diálogo con la prensa, Olivero redobló las críticas a Martínez. “Yo creo realmente que en algunos casos está fallando el Ministerio Público en este caso. Por ejemplo, en la mano y en la cabeza del Procurador General, que es el jefe de los fiscales. Esta es la pura realidad. Uno entiende que por ahí el Procurador General fue nombrado sin tener la experiencia necesaria. El doctor Martínez, cuando fue nombrado, era presidente del bloque del peronismo. Estaba mucho más ligado a lo partidario que a lo judicial. Y eso por ahí se nota en el trabajo”, disparó el senador.
Consultado por este medio sobre qué experiencias hay en otras provincias con Códigos Procesales que incluyen artículos similares a los que busca introducir el poggismo, Olivero mencionó Mendoza, Chubut y Formosa y el proyecto enviado en CABA por Jorge Macri, para lugar volver a dirigir sus críticas Martínez. “Después está el Recurso Humano y está la cabeza de cada institución. Tienen que dirigir y controlar, que se trabaje y que haya empatía con la ciudadanía. Entender lo que está pasando el vecino y trabajar en consecuencia”, concluyó.
