Ayer, miércoles 12 de junio, dos importantes gremios de la provincia de San Luis llevaron a cabo marchas en distintas ciudades, exigiendo una recomposición salarial urgente. Los judiciales, nucleados en el Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu), se movilizaron no solo en la ciudad de San Luis, sino también en Villa Mercedes y Merlo; mientras que la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) protestó en Villa Mercedes.

Marcha del Sijupu en San Luis
En la capital puntana, el Sijupu realizó una marcha con masiva adhesión de trabajadores judiciales, quienes recorrieron las calles céntricas, visibilizando su reclamo por mejoras salariales. Esta marcha se vio reflejada en las otras circunscripciones judiciales. Fernanda Segovia, representante del gremio, expresó con firmeza la determinación de los judiciales en continuar con las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta favorable. “Seguimos con las mismas medidas de fuerzas hasta fin de mes, sino tenemos respuestas concretas se está trabajando para incrementar las medidas, antes de la feria. Si es necesario se realizará un paro general y total de todos/as los afiliados, antes de la feria judicial”, advirtió Segovia, subrayando la gravedad de la situación y la disposición del sindicato a intensificar las protestas.

Protesta de APTS en Villa Mercedes
Por la tarde de este miércoles, en Villa Mercedes, la APTS llevó a cabo una marcha en el centro de la ciudad, destacando su lucha por salarios dignos para todos los trabajadores de la salud pública. En un comunicado, el gremio manifestó: “El gremio continúa la lucha por la recomposición salarial con salarios dignos para todos los trabajadores de la salud pública de la provincia a través de movilizaciones y asambleas en distintos puntos”.

Entre los pedidos de la APTS se incluyen el “sí a una recomposición salarial urgente” y el “no al desbloqueo, es precarización laboral”

Ambos gremios enfatizan la urgencia de una respuesta del gobierno provincial ante la crisis salarial que afecta a sus afiliados, ya que los judiciales y profesionales de la salud enfrentan una situación económica cada vez más precaria, que se ve reflejada en la necesidad de estas movilizaciones.