Este martes, el Senado le dio la media sanción restante al proyecto para derogar la conocida como “ley de parajes”, la cual permitía a personas condenadas desarrollar proyectos productivos y/o económicos en parajes de la provincia de San Luis. Este fue uno de los proyectos en materia de seguridad que el gobernador, Claudio Poggi, mencionó en discurso de Asamblea Legislativa.
La media sanción fue aprobada en el Senado por 5 votos positivos a 4 negativos, como viene siendo tendencia en la “Cámara Alta” gracias al apoyo de los peronistas Diego y Juan Carlos García que viene recibiendo el oficialismo.
“La ley de parajes, en teoría, busca la reinserción laboral y social de los reclusos. Sin embargo, debemos considerar las graves implicaciones y la inconstitucionalidad de esta normativa. En primer lugar, contradice la Constitución Nacional y la legislación penal vigente. Según la Ley Nacional N° 24.660, los regímenes de libertad condicional y asistida son competencia exclusiva del Gobierno Nacional, y no pueden ser alterados por legislaciones provinciales. El artículo 229 de dicha ley es claro al respecto, estableciendo que esta normativa es complementaria al Código Penal en lo que respecta a los cómputos de pena y regímenes de libertad. Es decir que la legislación que aquí se pretende derogar, tiene disposiciones que se arrogan competencias que son propias del gobierno federal, por tratarse del derecho penal de fondo”, manifestó el senador oficialista Adolfo Castro Luna, en su alocución en el recinto.
“La implementación de esta ley sin un adecuado control judicial abre la puerta a la impunidad. La impunidad es un fenómeno multidimensional que no solo se refiere a la falta de castigo para los delitos cometidos, sino que también afecta gravemente la percepción de seguridad y justicia en la sociedad. Como bien se ha documentado, la impunidad genera un doble agravio: el causado por el delito en sí y el que resulta de la frustración y la impotencia ante la falta de sanción. La existencia de un sistema judicial eficaz y confiable es esencial para mantener la paz social y la confianza en las instituciones”, agregó el senador, en consonancia con el discurso del Gobierno centrado en la inseguridad.
“La seguridad y la justicia no pueden estar sujetas a experimentos legislativos que socavan el marco jurídico nacional y ponen en riesgo la integridad de nuestros ciudadanos. Debemos garantizar que el cumplimiento de las penas sea gestionado de manera justa, transparente y bajo el estricto control judicial, como lo establece nuestra Constitución y nuestras leyes nacionales”, concluyó Castro Luna en esta breve sesión del Senado provincial.
