En la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados lograron la media sanción de la polémica reforma del Código Procesal Penal y la suspensión de la Ley de Desfederalización parcial de la Competencia Penal en materia de Estupefacientes. La particularidad de la aprobación de estos proyectos es que no hubo debate previo. El poggismo impuso su voluntad de no querer debatirlos y el bloque opositor del peronismo estalló.

Está muy claro que hoy, la Cámara de Diputados es una oficina del Poder Ejecutivo. Vieron que tienen absolutamente todos los votos. Pero si realmente creen y están seguros de lo que hacen, ¿por qué no permiten el debate? ¿Por qué no escuchan a todos los legisladores? Porque nosotros también fuimos elegidos por el pueblo. Es lamentable que hoy, en el único lugar que los diputados tienen voz y tienen voto, que es la Cámara de Diputados, no podamos debatir porque cierran el debate”, dijo la diputada opositora Silvia Sosa Araujo, enojada con lo sucedido en la sesión.

Desde antes del inicio de la sesión trascendió que se iba a lograr que se aprobaran los proyectos sin debate.

La oficialista Marisa Patafio respondió a La Gaceta Digital que no hubo debate hoy porque la semana pasada se debatió sobre la Ley de Narcomemudeo y cuando se estaba por votar el bloque peronista opositor se fue del recinto. La sesión quedó sin quórum.

Ustedes habrán escuchado que cuando uno quería hacer la alocución de la ley, es imposible hablar en el recinto porque están constantemente interrumpiendo, pidiendo interrupciones, hablando y volviendo a interrumpir, entonces realmente es imposible que uno pueda hablar así”, continuó su justificación Patafio.

El primero de los dos proyectos importantes que se trataron hoy fue la reforma del Código Procesal Penal. Esta iniciativa que impulsó el Gobierno de Claudio Poggi fue aprobado el 4 de junio en Senadores, pero cuando se iba tratar el miércoles pasado el Diputados se hizo público el papelón sobre un importante error en el despacho, entre otros. Como informó La Gaceta Digital, la modificación abarca más circunstancias en las que se puede aplicar la aprehensión de una persona en un caso de flagrancia (detenido cometiendo un delito). El código actual habla de delitos cuyas penas no superen los 6 años, mientras que la modificación busca ampliarlo a delitos de hasta 20 años de prisión.

Esto es establecido en el artículo 226 del Código actual. Este apunta al 199, que es el que habla la aprehensión de una persona sorprendida en flagrante delito (cometiendo el ilícito). Sin embargo, el proyecto y el despacho del oficialismo modifican el artículo 226 y lo apuntaba al 217, el cual habla de la revocación de la excarcelación. Ante semejante error, el proyecto se tuvo que rectificar. Por lo tanto, con la modificación, la iniciativa debe volver al Senado para la sanción definitiva.

La miembro informante para hablar sobre el nuevo proyecto en la sesión de Diputados, fue la oficialista Marisa Patafio, presidente de la Comisión de Seguridad. Muchos esperaban que fuera Carlos Pereira, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien fue el diputado portavoz del proyecto la semana pasada. Sin embargo, Pereira faltó a la sesión.

Patafio dijo desconocer el motivo, Sosa Araujo aprovechó y lanzó otra crítica. “No vino, parece que es abogado, lo mandaron a Chile a pasear porque fue tanto el papelón y el mamarracho que hicieron la semana pasada presentando este despacho, que ustedes lo vieron, que sigue siendo inconstitucional”, sentenció.

Cuando Patafio exponía sobre la reforma del Código Procesal, en varias oportunidades, legisladores opositores le solicitaron interrupciones para hablar, pero fueron negadas por la poggista. Por su parte, la opositora Claudia Pinelli pidió una moción para abrir el debate, pero se rechazó por 25 votos a 15. La misma moción se pidió y rechazó cuando se trató la suspensión de la Ley de Narcomenudeo.

La oficialista Maia Loredo salió al auxilio de Patafio y pidió una moción para cerrar el debate, la cual fue aprobada. Una vez que se cerró el debate, la reforma del Código Procesal Penal se aprobó por 25 votos contra 15.

“Lo que queremos con este proyecto de reforma es darle una respuesta a la gente. La gente todos los días está cansada de que constantemente le roben, la policía lo apresa, lo lleva a la Justicia e inmediatamente sale. Con esta ley lo que estamos haciendo es darle una herramienta al juez para que evalúe si esta persona, digamos que está en la calle, va a entorpecer el procedimiento. Es una medida cautelar, no tiene nada que ver con el principio de inocencia, no tiene nada que ver con la culpabilidad”, explicó la legisladora poggista a la prensa.

Para Sosa Araujo, lo de la puerta giratoria a la que se alude desde el oficialismo es un “verso que no es real que sirve para la tribuna. Se llama criminología mediática. Es para que aplaudan”. La ex presidente de Diputados aseveró que la reforma del Código Procesal tiene varios puntos que con inconstitucionales lo que hará que los jueces no lo usen y se terminen apoyando en normas de fondo como la Constitución Nacional y Provincial.

Suspensión de la Ley de Narcomenudeo

La suspensión de la Ley de Desfederalización parcial de la Competencia Penal en materia de Estupefacientes es por un año, prorrogable por otro por decisión del Ejecutivo.

En el tratamiento de este proyecto fue similar al anterior. Pinelli volvió a pedir el libre debate, pero su moción fue rechazada. Esta vez fue la poggista Gabriela Mancilla la que pidió el cierre del debate. La moción se aprobó y se votó el proyecto de de ley. Se aprobó por 25 votos positivos contra 15 negativos.

El no debatir importantes proyectos de ley en la Cámara de Diputados es algo que sucedió hace pocos meses. En septiembre del 2023, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la suspensión para el presupuesto 2024 de un inciso de artículo 2 de la Ley Permanente de Presupuesto. Este inciso establece que el presupuesto provincial debe destinar una mitad del total del dinero a los gastos corrientes, como pago de salarios y servicios básicos; y la otra mitad a obras de capital.