No solo el tarifazo del 370%, sino también el plan de regularización de obas construidas no declaradas fue aprobado en la brutal sesión de más de 7 horas del Concejo Deliberante. Este plan incluye descuentos del 60% para quienes se acojan a los beneficios del plan de manera espontánea, del 50% si lo hacen en 3 cuotas con un anticipo del 25%, del 40% si se presentan luego de una intimación del municipio y del 30% si es en cuotas, luego de la intimación.
La oposición hizo fuertes críticas a este proyecto, vinculadas al tarifazo que también se aprobó este jueves. Según explicó el opositor Alejandro Cordido, una vivienda social que declare una ampliación de 25 metros cuadrados tendrá que pagar, para regularizar su situación, 105 UMM (Unidad Monetaria Municipal) por metro cuadrado (2.625 UMM) en total. Al precio de hoy, serían unos $61.000 que en octubre subirán a $195.000, pero que quedan en $78.000 si la persona va voluntariamente a declarar la ampliación.
Una de las principales críticas fue que es el mismo descuento para el vecino común como para los grandes emprendedores inmobiliarios. “¿Al negocio inmobiliario le vamos a dar el mismo beneficio que al vecino común? Hay que ver cuánto se ahorran (los constructores inmobiliarios) por meter uno o dos o cinco pisos más”, dijo Cordido.
Otro punto que se criticó es el artículo 6, que faculta a la Secretaría de Hacienda a “convenir regímenes especiales de pago y descuentos para contribuyentes con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, situación de vulnerabilidad y/o condiciones socioeconómicas desfavorables, jubilados y pensionados con ingresos mínimos y personas con capacidades diferentes”.
Esta redacción, para la oposición, es muy poco clara, ya que “no está clara la línea de la pobreza”. “Estamos facultando a la secretaria de Hacienda a darle el beneficio a alguien según su cara”, dijo Cordido, remarcando que la funcionaria “puede negociar lo que ella quiera, con los beneficios y descuentos que ella quiera”.
También se criticó el hecho de que diga “personas con capacidades diferentes”, ya que el término correcto es “persona con discapacidad”.
Este proyecto se aprobó por 8 votos positivos (los 7 del oficialismo más el de Laura Sánchez que se cambió de bando) a nada, porque la oposición optó por no ejercer el voto.
Lo que sí se aprobó, según la opositora Agustina Gatto, es la “Tarifa Municipal: Agustina Arancibia Rodríguez, a pagar por todos los ciudadanos de la ciudad de San Luis”. Esta nueva “tarifa” se debe a que, según expuso Gatto, está “consentido y firme” que las astreintes de $150.000 diarios por desobedecer la orden judicial de reincorporar a los 14 trabajadores de planta permanente dados de baja serán pagados, en caso de que el juicio salga a favor de los demandantes, por el Concejo Deliberante y no por la presidente que tomó esa decisión, Agustina Arancibia Rodríguez.
Esto ya fue confirmado por Arancibia Rodríguez el pasado 7 de junio, cuando La Gaceta Digital le preguntó quien debería pagar esta multa. De igual manera, el tema saltó en la sesión de hoy cuando la oposición le pidió a la presidenta del Concejo “que modifique su postura, asuma las consecuencias de sus actos, presidenta, no lo cargue al pueblo de San Luis”.
De acuerdo a los cálculos de Gatto, la multa que el Concejo deberá pagar con los fondos de todos los vecinos si Arancibia Rodríguez pierde el juicio ya asciende a 18 millones. “Quiere que la ciudadanía pague por sus actos, por su deliberada decisión de no cumplir con una orden judicial”, sostuvo la opositora.
También se aprobó una declaración de interés por el Día del Orgullo LBGTIQ+. Si bien estas declaraciones no revierten gran importancia, esta fue muy notoria por todos los conflictos que se han vivido en el Concejo con el colectivo trans. Tras la aprobación de la declaración, miembros del colectivo tomaron la palabra y tuvieron esto para decir:
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Por otro lado, lo que no se aprobó en esta sesión, gracias al voto del oficialismo y Sánchez, fueron pedidos de informe sobre el avance de las obras de urbanización del barrio La República, sobre los adelantos financieros del Gobierno a la Municipalidad que ya suman 4.800 millones de pesos y sobre las tareas desempeñadas por el asesor letrado del Concejo (José Benito Muñiz Olivera Aguirre), quien según la oposición no ha ido a trabajar ni un sola vez desde que fue designado.
