Esta semana, EcoPress SL, medio local dedicado al periodismo ambiental, denunció que la empresa Condor Prospecting S.A intenta avanzar en un yacimiento de Río Grande. “La resolución del Gobierno de San Luis adjudica la mina La Bolsa, compuesta por 11 diseminados de oro y cobalto, a Condor Prospecting S.A”, publicó el medio. Según EcoPress, la gestión comenzó el año pasado con la abogada María Laura Petrino, quien ahora es funcionaria provincial. La empresa, con sede en Mendoza y presidida por el geólogo australiano Jason Ward, posee 110 áreas en seis provincias argentinas y ha notificado a los vecinos de Río Grande y La Carolina sobre su intención de tomar posesión de sus tierras.
En base a esto, informó EcoPress, la Asamblea de Trapiche (ASAT) presentó un pedido de informes en la Secretaría de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia, donde “exigen el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que establece la participación pública en los procesos de toma de decisiones y la necesidad de compartir los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto”. Esta solicitud fue redactada con el asesoramiento de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis y tiene el apoyo del Encuentro de Asambleas Ambientales de la provincia.
La Asamblea también destacó que “el proyecto pretende instalarse en un área de vital importancia para el agua de San Luis, a escasos metros del Río Grande, del Río los Manantiales y del Dique Antonio E. Agüero”. Asimismo, advirtieron sobre los riesgos para el suministro de agua de la capital provincial y la biodiversidad de la zona. Además, recordaron que la Ley Provincial N° IX-0634 prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en procesos mineros metalíferos.
Este lunes llegó una respuesta del Gobierno provincial, asegurando que “no prevé autorizar proyectos mineros destinados a la extracción de oro”.
A continuación, reproducimos la respuesta oficial del Gobierno en su totalidad:
El director de Minería, Juan Fernández, se interiorizó sobre la pretensión de una empresa de realizar una explotación en Río Grande que había sido aprobada por la gestión anterior. Dejó en claro que harán cumplir las leyes ambientales y mineras de San Luis y no permitirán la explotación metalífera.
La preocupación de un grupo de vecinos de El Trapiche por la posible explotación minera en la zona de Río Grande los llevó a solicitar información a la secretaría de Ambiente sobre el traspaso de unas tierras de esa zona a la empresa Cóndor Prospecting S.A. con el fin de explotar la mina ‘La Bolsa’. El director de Minería, Juan Fernández, explicó que la notificación que recibieron los ciudadanos correspondía a un trabajo de la gestión anterior y el expediente que comunicaba la otorgación del diseminado de oro y cobalto era de octubre del año pasado. También aseguró que el Gobierno provincial, debido a la falta de una transición ordenada, no tenía conocimiento sobre el proyecto, pero investigarán para hacer cumplir las leyes ambientales y mineras que tiene la provincia y no permitirán ninguna explotación que no sea amigable con el medio ambiente.
“Quiero llevarle tranquilidad, no solamente a la vecina que firma esta nota en representación de otros vecinos, sino a todo el pueblo en general, que en la provincia lo que se hace es una actividad minera tradicional, la explotación fundamental, acá en San Luis, es de minerales industriales amigables con el medio ambiente“, dijo Fernández, quien negó cualquier tipo de potencial permiso para la extracción de oro o cobalto.
También, el funcionario contó que no tenían en conocimiento sobre el proyecto que lleva adelante la empresa y que reverán los expedientes para hacer cumplir las leyes. “En el caso de este proyecto, denominado La Bolsa, que es un diseminado, no habíamos tenido ninguna actuación en nuestra administración y tomamos conocimiento recién ahora porque no se había movido ese expediente desde octubre del año pasado, cuando les dieron a los profesionales o a los representantes de Cóndor Prospecting los oficios para que comunicara a los superficiarios de los campos el hecho de que le habían otorgado ese diseminado. Pero muchas veces no tenemos conocimiento puntual de cada uno y de todos los expedientes en minería por una cuestión lógica de capacidad y de tiempo”, señaló.
El proyecto que quiere llevar adelante la empresa, trata de diseminados de oro y cobalto dentro de la zona, pero dejó en claro que, si la empresa quisiera desarrollar una mina, primero debería cumplir ciertos requisitos que corresponden a la ley.
“Acá tenemos que hacer valer el código de procedimiento minero y el código de minería que tenemos en la provincia. Y aparte otras leyes que regulan toda la actividad minera. Entre ellas, toda normativa de la que habla justamente este grupo de vecinos preocupados, como lo son las leyes del Sistema de Áreas protegidas de San Luis, como también las leyes que declaran “la prohibición de uso de ácidos en la provincia de San Luis”. Yo creo que esas leyes se están cumpliendo, simplemente que el trámite minero ha llegado a un punto en el que tiene que hacer la presentación de los impactos ambientales. En San Luis, al prohibirse el uso de algunos ácidos, no creo que sea factible lograr una planta de concentración usando ese tipo de ácidos”, agregó el director.
Este proyecto minero era uno de los tantos que dejó en el tinte la gestión anterior. Para precisar, el funcionario contó que el expediente estaba listo desde el año pasado, pero que recién ahora se pusieron al tanto. “La empresa Cóndor Prospecting había comunicado por medio de un juez de paz a vecinos de la zona serrana, a la altura de Río Grande, una notificación que es del año pasado, de la administración anterior, dentro del trámite minero que corresponde. En ella se solicitaba al superficiario que se pusiera en autos de que le habían cedido una propiedad minera en ese lugar. Esto seguramente trascendió entre los vecinos, se preocuparon y han enviado una nota solicitando justamente información al respecto”, dijo el funcionario.
Por eso Fernández insistió en que, para que el proyecto minero se lleve adelante, primero hay leyes que deben cumplirse. Por ejemplo, Ley IX-0309/04 Sistema de Áreas Naturales Protegidas provinciales. “Nosotros somos respetuosos, en minería somos respetuosos, y los expedientes cuando pasan a Medio Ambiente es cuando el minero presenta su impacto ambiental. En ese momento se tienen en cuenta todas estas leyes que son las que prohíben o el desmonte para una mina o el uso de ácidos, en cuyo caso habría que hacer primero una planta de concentración de ese tipo. Por lo tanto, nunca se va a llegar a ese estadio del desarrollo de la producción, especialmente de los minerales metalíferos, oro y cobalto, como dice el pedido de información que elevaron los vecinos de El Trapiche”, remarcó.
Por último, el funcionario aseguró que llevará un tiempo ver los expedientes del proyecto, pero que actuarán dentro de la ley. “La participación ciudadana existe, existe en las leyes y existe en San Luis también porque se cumple con todas las leyes. Así es que la participación ciudadana y el conocimiento lo van a tener en el momento oportuno, lo mismo que en Medio Ambiente. No vamos a permitir que no se cumpla con la ley”, concluyó.
