Esta mañana, tras una audiencia con diputados provinciales, el abogado Enrique Costanzo, en representación de la CGT de San Luis, expresó el firme rechazo del sector sindical a un proyecto de ley presentado por legisladores oficialistas, el cual busca adherir a la ley nacional 27.348, la cual, a su vez, es complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Esta ley establece que un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo debe pasar por comisiones médicas jurisdiccionales previo a solicitar la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Costanzo explicó que San Luis es una de las pocas provincias que aún no se ha adherido a esta normativa nacional, impulsada por la presidencia de Mauricio Macri. “La provincia de San Luis es una de las cinco provincias que no está adherida a la ley nacional de obligatoriedad de la Comisión Médica”, señaló el abogado, remarcando que esta ley incrementaría los tiempos de cobro de las indemnizaciones y no beneficiaría a los trabajadores, sino que buscaría reducir los grados de incapacidad reconocidos.
“Nos parece que en definitiva lo que hace la ley es incrementar los tiempos de cobro y no significa una ayuda y un beneficio para los trabajadores, sino precisamente la idea de que se tienen que disminuir los grados de incapacidad o los porcentajes de incapacidad”, manifestó Costanzo, agregando que la Comisión Médica no sería justa y estaría sesgada a favor de la patronal, que lo que hace “es depreciar la salud de los trabajadores”.
El encuentro con los diputados de distintos sectores, entre los cuales estaban miembros de la Comisión de Trabajo y otros interesados en escuchar la posición de los trabajadores, fue calificado como auspicioso por Costanzo. “Expresamos enfáticamente nuestro rechazo al proyecto de ley”, dijo el letrado, señalando que hay normas concretas del proyecto que consideró “muy lesivas”. “Por ejemplo, establecen que si los trabajadores a los 30 días de ser resuelta la cuestión por la Comisión Médica no hacen su reclamo judicial, pierden el derecho, lo cual es contrario a las normas laborales que establece un plazo de dos años para hacer un juicio”, explicó.
Costanzo también señaló el trasfondo ideológico detrás del proyecto, ya que si bien no ha sido presentado por el Gobierno provincial, detrás del mismo están diputados del oficialismo, quienes aseguran haberse comunicados con empresas y compañías interesadas en invertir en San Luis consideran la adhesión a la ley como un punto importante para sus inversiones. Al respecto, advirtió sobre los riesgos de priorizar la rentabilidad empresarial sobre la salud de los trabajadores. “El trabajador pone el cuerpo en este problema. No es dinero lo que se juega en la salud del trabajador, es el cuerpo del trabajador y eso normalmente no se ve”, subrayó.
El sector sindical ha manifestado un rechazo unánime al proyecto, aunque la discusión no quedó cerrada y se espera que se busquen otras opiniones en futuras reuniones. Costanzo concluyó enfatizando la necesidad de más diálogo y discusión, destacando que la mejora de la situación económica no debe lograrse a expensas de la salud de los trabajadores.
