Una sesión record se vivió este jueves en el Concejo Deliberante, que duró 11 horas y 15 minutos. De todo ese tiempo, alrededor de 5 horas se destinaron al análisis de las cuentas de inversión 2023 de la Municipalidad de San Luis, correspondientes al último año de Sergio Tamayo como intendente capitalino.
El debate comenzó con el oficialista Diego Videla leyendo el despacho por mayoría, recomendando el rechazo de las cuentas. Videla mencionó algunos puntos del informe del Tribunal de Cuentas municipal, el que destaca modificaciones presupuestarias por más de 500 millones sin el recurso (o sea el dinero) correspondiente que las respalde. “Es decir que se aumentó el presupuesto para realizar gastos, pero no se disponía del dinero para dicho gasto”, dijo el edil.
Luego, Videla señaló que el Tesoro municipal tenía 625 millones al inicio de 2023 y cerró el año con 365. A esto le sumó, para asegurar que las cuentas fueron deficitarias, deuda correspondiente a sueldos, aportes y contribuciones correspondientes a diciembre de 2023 y sueldos que no contaban con orden de pago, por un total de $1.600 millones. El oficialista comentó también que “los entes desconcentrados tuvieron un aumento desproporcionado con respecto a sus presupuestos iniciales”; un punto que luego sus compañeros de bloque profundizaron.
Luego llegó el turno de la oposición, con la alocución principal a cargo de Andrés Russo, secretario de Gobierno de la gestión Tamayo. El opositor particularmente destacó que este supuesto déficit se debe a que la actual gestión municipal, que es la que confeccionó la información enviada al Tribunal de Cuentas, no asentó determinados montos, como por ejemplo mil millones de compensación de Edesal, la cual le “cobra a cuenta el alumbrado público” al municipio.
“¿Y la responsabilidad de quién es? De los funcionarios que hicieron la actual cuenta de inversión. El actual jefe de Presupuesto, la actual contadora, la actual tesorera. Todos eran funcionarios de la gestión anterior y siguen siendo funcionarios”, dijo Russo, quien además apuntó a la “decisión caprichosa” de nunca más reclamar el Tratado de La Toma, mediante el cual el Gobierno hacía aportes a los municipios para que estos puedan aumentar los salarios de sus trabajadores.
En cuanto a los presupuestos que Videla mencionó que no tenían respaldo, Russo apuntó a un cuadro de la cuenta de inversión que marca que al municipio ingresaron el año pasado 21.000 millones y que lo presupuestado fueron 20.000 millones.
El opositor luego remarcó que se “corrigieron los pasivos exigibles, pero no el Estado del tesoro”. “No podés tocar libremente un número. Si cambia esto, cambia absolutamente todo el equilibrio”, dijo el exsecretario de Gobierno, quien luego comentó que claramente la cuenta de inversión no refleja los 2.000 millones de déficit crónico que el intendente Gastón Hissa mencionó apenas asumió.
“Encima dijo que era crónico. El resultado de lo que llaman esquema de ahorro-inversión da 648 millones de pesos. ¿Qué pasa si les sumamos los ingresos de Edesal? ¿Saben cuánto da? 1.700 millones de pesos. Y si hubiesen reclamado, como corresponde, el tratado de La Toma, ¿saben cuánto da el superávit? 2.800 millones de pesos”, dijo Russo, asegurando que las cuentas no son deficitarias, sino que marcan que, en realidad, hubo un superávit.
El siguiente en hablar fue Gastón Témoli, quien respondió a las acusaciones vertidas desde el oficialismo que aseguran que, en 2023, cuando fue presidente del Concejo, no realizó las rendiciones correspondientes. “No tengo ninguna de que hubo un obrar de muy mala fe”, dijo Témoli, quien detalló que desde su equipo en 3 ocasiones le indicaron a su sucesora, Agustina Arancibia Rodríguez, dónde estaban los expedientes con todas las rendiciones.
En este sentido, Témoli sostuvo que la presentación debería haber sido hecha por Arancibia al Ejecutivo; y luego por el Ejecutivo al Tribunal de Cuentas. La existencia de los expedientes inclusive fue confirmada por una auditoría que encargó la gestión Hissa al inicio de su gestión. También apunto a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Paz Pagano, señalando que “ni buscó” la información.
“Han falsificaron información, omitieron información e insertaron errores intencionalmente”, dijo su compañero de bancada Alejandro Cordido, que en esta sesión de más de 11 horas debe haber hablado, como mínimo, 5 él solo. Lo que es más, Cordido tuvo intervenciones de 90 y 75 minutos ininterrumpidos, a los que se suman otras tantas de 15 a 20 minutos.
Por la oposición también intervino Agustina Gatto, quien habló de un “plan sistemático” para defenestrar a la gestión anterior, el cual se ha caído con esta cuenta de inversión y las declaraciones de funcionarios actuales del municipio que aseguran que ya tienen superávit.
Paulina Calderón le sumó a lo dicho por sus compañeros que Hissa había dicho que la gestión Tamayo tenía 270 funcionarios, pero que las cuentas revelaron que eran 133, número inclusive inferior a los 161 que habían sido autorizados por el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante. Además, recalcó que había 500 empleados de planta permanente menos que los informados por Hissa.
Finalizando por la oposición, el presidente del bloque, Juan Martín Divizia habló de como las actuales gestiones de la Municipalidad y el Concejo andan “escondiendo expediente” y que le “preocupa la mala leche con la que se ha hecho esto”. A raíz de esta falta de información, opinó “ni siquiera” ellos pueden determinar el superávit de 2023, pero que sí pueden afirmar que no hubo un déficit crónico de 2.000 millones.
Lo que vino después fue algo que no se había visto en todo el año y que fue celebrado, con mucha sorna, por la oposición: hablaron todos los concejales del oficialismo, aunque, cabe destacar, la mayoría de ellos lo hizo leyendo un documento que vaya uno a saber quién preparó.
El foco de muchas de estas alocuciones fueron los entes descentralizados, la cantidad de dinero que estos manejaron el año pasado y el hecho de que los mismos prácticamente no están obligados a justificar de modo alguno sus gastos. “Los entes no tienen justificación de sus gastos ni libros bancos o libros diarios. Las arcas del municipio han sido manejadas con absoluta desprolijidad y en lo que respecta a los entes descentralizados con absoluta irresponsabilidad, obviando los pasos legales correspondientes para realizar contrataciones y manejando dichos entes como si fueran empresas de dominio privado”, dijo Johana Medina.
Medina dio como ejempló el Ente Cultural y Turístimo, el cual tenía un presupuesto para 2023 de 20 millones que creció a 68 millones. La oficialista remarcó además que este ente solo generó el 1% de sus ingresos. Luego, Mauro Alesso apuntó contra el Ente de Comunicación y Noticias, cuyo presupuesto de $1.000.000 tuvo un incremento de 147 millones. “O sea un incremento del 14.600%”, dijo el Concejal, quien remarcó que este ente no generó ni un solo peso y que no hay ningún tipo de rendición. “¿Dónde está esa plata ahora? No hay libros contables y no hay extractos bancarios”, comentó.
Videla retomó la palabra y habló del Centro de Logística Municipal, cuyo presupuesto pasó de 106 millones a 1.143 millones. “No hay contabilidad organizada ni justificación de gastos, se detectaron pagos a personas que mantienen relación de dependencia con el municipio y pagos a proveedores sin factura de compra, solo con remitos”, dijo el concejal oficialista.
También tomó la palabra la presidenta del Concejo, quien habló del Supermercado Municipal, al cual se refirió como “la joyita”. Según comentó, se encontraron irregularidades como “alquileres de autos, compras de obras de artes, muebles de mimbre y la compra de 100 m2 de porcelanato por 30 millones de pesos sin mediar procedimiento alguno”. “Ni hablar de los monotributistas inscriptos en junio del año pasado y que en 6 meses facturaron más de 93 millones por monotributista”, dijo Arancibia.
“La corrupción ha sido la marca de esta gestión”, dijo Arancibia, quien luego definió a la gestión de Tamayo como “el peor y más oscuro gobierno que ha tenido la intendencia de San Luis”.
En lo referido a las rendiciones del Concejo y lo dicho por Témoli, aseguró que la coparticipación que recibe el Legislativo, conocida como “duodécimos”, se liberaba “sin que se rindiera el mes anterior”. También mencionó un subsidio al club Juventud “sin ningún tipo de documentación”, deudas de telefonía y con la empresa que realiza la guarda de los instrumentos legislativos (o sea el archivo de papel) del Concejo.
Redondeando el tema de los entes descentralizados, Mario Silvestri destacó como las partidas monetarias se ampliaban antes de que se usara la original y que, al cierre del año, el 34% del total del presupuesto municipal se destinó a estos entes.
Si bien hablaron todos los miembros del oficialismo, cabe señalar que, salvo Arancibia, ninguno de ellos respondió de manera directa a las cuestiones planteadas por la oposición. Esto no ocurrió a la inversa, por lo que algunos opositores tomaron la palabra para referirse a los polémicos entes. “Sepan que es una modalidad que se estaría implementando en esta gestión de Hissa”, dijo Cordido, mientras que Russo destacó que la actual gestión municipal lleva gastados más de 761 millones a través de entes descentralizados. “Hay facturas por más de 12 millones de pesos a empresas de descartables”, añadió.
Russo también explicó que muchas cuestiones que los opositores señalaron como aportes del Ejecutivo a determinados entes en realidad “son ganancias que el ente obtuvo por ser proveedor del estado, que puede ser proveedor con preferencia”. También destacaron que los entes no fueron creados por la gestión de Sergio Tamayo, sino que son previos. “Está mal si lo hace un signo político, pero si lo hace el otro está bien”, añadió Cordido, ya cerca del cierre del debate.
Mención especial merece la intervención de la concejal Laura Sánchez, quien solo dijo que se asesoró con una contadora y que por eso iba a votar a favor del rechazo de las cuentas de inversión.
Finalmente, pasadas las 21.45 horas, se votó el despacho que proponía el rechazo de las cuentas, aprobándolo por 8 votos positivos contra 7 negativos. Apenas concluyó la votación, todos los concejales se levantaron para retirarse, por más que la presidenta todavía no le había dado un cierre formal a la sesión.
