Hoy, jueves primero de agosto, Enrique Ponce concluyó su mandato como defensor del Pueblo de San Luis, un puesto que estuvo vacante por 19 años, sin que el organismo funcionaria. El nombramiento de Ponce se produjo el año pasado, gracias a una nominación del sector de Alberto Rodríguez Saá. La misma fue más que sorpresiva, ya que el albertismo, previo a la derrota electoral de 2023, jamás había dado indicio alguno de querer nombrar a alguien en el puesto.
Previamente, el mandato de un defensor del Pueblo duraba 4 años, pero la normativa actual indica que es tan solo por un año, que puede extenderse por otro más. Ponce inicialmente solicitó a ambas cámaras que “se contemplara la posibilidad de hacer efectiva esa prórroga por un año más como defensor”, pero decidió retirar este pedido luego de escuchar las declaraciones de la presidenta de la bancada oficialista, Eugenia Gallardo.
“Dijo que no tenían definido respecto de qué hacer con la Defensoría y con la prórroga legal mía por un año más, pero que sin perjuicio de ello yo debía continuar siendo el defensor del Pueblo hasta que se defina lo contrario”, comentó Ponce. “Aceptar eso sería ir en contra de lo que marca la ley. Lo que tendría que haber hecho la Legislatura y los legisladores es tratar el pedido de prórroga y definir si se va a dar o no el plazo de un año para que yo continúe, porque de lo contrario eso estaría condicionando mi función como defensor”, añadió.
El exintendente capitalino consideró que continuar de esta manera, condicionaría su función como defensor del Pueblo. “Lo dijo muy claramente, públicamente, la licenciada Gallardo en el sentido de que yo debía continuar de manera ilegal siendo el defensor del pueblo, contrariando la ley hasta que se diga lo contrario”, dijo Ponce, quien agradeció a los legisladores que apoyaban su continuidad en el cargo.
De este modo, el puesto vuelve a quedar vacante y todas las miradas apuntan al oficialismo provincial, el cual tiene los números necesarios para nombrar a alguien como Defensor del Pueblo, pero aparentemente se ha olvidado de hacerlo.
En cuanto a su rol como defensor, Ponce destacó la participación de las audiencias públicas de Edesal y todo lo actuado en relación al cuadro tarifario que debió revertirse. Otro punto mencionado fue todo lo relativo a la situación del agua en El Volcán, los tarifazos de las cooperativas de agua potable de Merlo y Potrero de los Funes, y la elaboración del anteproyecto de ley de Procesos Colectivos y Modificación a la Ley de Amparo. La Defensoría también intervino en casos donde obras sociales y/o prepagas negaron cobertura a sus afiliados; y también para que se multe a un banco por no proteger los datos de una jubilada que fue estafada. El organismo también intervino en casos polémicos de los primeros meses de la gestión de Claudio Poggi, como el desdoblamiento de los salarios o el no inicio del ciclo lectivo del Instituto de Seguridad Pública.
El ahora exdefensor señaló además que se montó una estructura administrativa, se consiguió un presupuesto, se capacitó a los empleados y se implementó un sistema de expediente digital. Mientras se montaba todo esto, que llevó entre 3 y 4 meses, se comenzaron a atender los primeros reclamos y a difundir el funcionamiento de este órgano.
“Hoy el personal, que ha sido quien realmente me ha posibilitado a mí que hiciéramos una tarea muy extensa y muy amplia, está a full laburando. La gente sigue metiendo reclamos y sigue acudiendo para tener asistencia legal. O sea que está montada esa institución. Sería una pena retroceder y no tener más ese organismo, con lo cual yo creo que es una cuestión de sentido común y lógico que va a tener una continuidad”, concluyó Ponce.
