La crisis que está atravesando la obra social del estado, Dosep, ha provocado que miles de puntanos hayan tenido que pagar consultar por montos superiores a los 15 mil pesos y prácticas que fácilmente superan los $200.000. Y como no podía ser de otra manera, el conflicto se vio reflejado en la Legislatura puntana. Pero no a través del poggismo, que hasta diciembre de 2023 siempre presentaba declaraciones y pedidos de informe cada vez que había algún problema sanitario que se veía reflejado en los medios de comunicación, sino a través del albertismo, que siempre rechazaba este tipo de proyectos.
“El gobierno actual ha tomado como variable de ajuste la salud de los trabajadores”, dijo el opositor Walter Aguilar, quien pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración expresando “su extrema preocupación por la situación que atraviesan los afiliados de la obra social de la provincia de San Luis DOSEP”.
Aguilar, que fue director de Dosep, destacó en particular el problema que esto “representa para las familias de menos recursos”. “Es una situación muy complicada que los servicios de 1er, 2do y 3er nivel estén suspendidos, pero más preocupante es lo que está pasando con la auditoria de los tratamientos oncológicos en la obra social Dosep”, dijo el opositor.
Y, tal cual lo hacía el albertismo en su peor época de oficialismo legislativo, el poggismo no dijo nada. Simplemente se limitó a levantar la mano y rechazar la iniciativa.
Y exactamente lo mismo pasó con otros proyectos de la oposición no solo relativos a la salud sino también sobre cuestiones económicas. Así fue como el oficialismo rechazó un pedido de informe que solicitaba saber el costo de la reincorporación de la provincia al Consejo Federal de Inversiones.
Silvia Sosa Araujo expuso sobre este proyecto, señalando que el acta constitutiva del órgano, en su artículo 15, determina que la provincia debe destinar el 0,75% de lo que correspondía a la Ley de Coparticipación Federal, lo que equivale a unos 8.000 millones. “Como base ya partimos de 8.000 millones para 2024, más las modificaciones, más el juicio que el CFI le hizo a la provincia de San Luis”, dijo la legisladora ante los oídos sordos del oficialismo.
“Una vez más, queda demostrada la plata que tiene la provincia de San Luis” y “se perjudican todos los municipios de la provincia”, añadió Sosa Araujo, sin suscitar ningún tipo de respuesta de los legisladores poggistas.
La misma suerte que estos proyectos corrió uno para “declarar la más extrema preocupación por los masivos despidos arbitrarios acontecidos en el ámbito de la Salud en todo el territorio provincial”. Sobre el mismo expusieron legisladores del interior, señalando los casos de despidos y también de médicos que han migrado a otras provincias buscando mejores opciones económicas.
También fue rechazado un proyecto muy interesante y relevante de la diputada Fernanda Spinuzza, basado en la prevención y mitigación de la ludopatía digital. Este proyecto, sobre el cual luego informaremos más detalles, lleva dos semanas de discusión en comisión con funcionarios del Gobierno que consideran que es demasiado pronto para el tratamiento de este proyecto y que no es oportuno. Y por más que está comprobado que la política siempre llega tarde a este tipo de cuestiones que hacen a las redes y todas sus aplicaciones, el poggismo decidió pegar el manotazo para rechazar el pedido de tratamiento preferencial, con o sin despacho de comisión, solicitado por la diputada.
“Como es nuestro y no lo quieren aprobar, que manden su proyecto de ley, porque a nosotros lo que nos interesa es dar una ley de ludopatía digital para proteger a las infancias, no vamos a discutir autorías”, dijo la opositora, sin lograr ningún tipo de respuesta de un poggismo que está haciendo lo mismo que siempre criticó y rechazó el tratamiento sobre tablas sin mediar palabra alguna.
