Tomando una página del libro de Alberto Rodríguez Saá, el gobernador Claudio Poggi volvió a enviar un proyecto para convertir en ley una política de su gobierno que tranquilamente podría aplicarse sin tener el status de ley; más aun teniendo en cuenta que, por más que sea ley, si un gobernante no la quiere aplicar siempre le encuentra la vuelta para no hacerlo. En esta ocasión se trata de la Beca al Mérito, la cual el Gobierno está entregando desde el pasado mes de febrero, antes de que siquiera se enviara el proyecto que hoy se convirtió en ley.
La Beca al Mérito, cabe recordar, se convirtió en ley por primera vez allá por septiembre de 2013 y luego derogada por la Legislatura, a instancias de Alberto Rodríguez Saá, en junio de 2018, siendo reemplazada por la beca Construyendo Sueños que, a su vez, hoy fue derogada por el poggismo.
El debate comenzó con la oficialista Claudia Dassa, quien destacó distintos puntos que el Gobierno ya ha dado a conocer, como el monto de $220.000 y el hecho de que llegará de manera automática a los 3 mejores promedios del último año de cada escuela secundaria. También destacó que serán nuevamente los directivos de las escuelas quienes presenten los listados con los mejores promedios, lo que marca una gran diferencia con Construyendo Sueños, para la cual había que inscribirse, a la vez que se tenían en cuenta distintas cuestiones socioeconómicas de los postulantes, como el hecho de si convivía con parientes con discapacidad o el nivel de ingresos de la familia.
Dassa también explicó que los becarios podrán informar un cambio de carrera universitaria y mencionó el compromiso “ético” de ejercer la profesión en San Luis por la misma cantidad de años que recibió la beca. Una novedad de esta beca es que quienes la reciban deberán “apadrinar” a un alumno de 6to año, pero no explicó exactamente que implica esto.
Otra cuestión que Dassa, y nadie del oficialismo pudo explicar, es por qué habrá tan solo un beneficiario por escuela rural en vez de tres.
Por la oposición, fue Federico Berardo quien marcó el punto que más se debatió: la meritocracia. El diputado consideró “macabro” este término, reconociendo además el privilegio que él y otros legisladores tienen por estar ahí. “Todos tuvimos oportunidades distintas, todos tuvimos un padre, una familia que nos apoyó, un dirigente que nos apadrinó, pero las oportunidades fueron sumamente distintas. Con la meritocracia llevada al mundo académico, al mundo de los chicos, de los estudiantes, pasa lo mismo”, dijo Berardo. “Esto les hace creer a todos que esta beca está al alcance de todos. Son 3 de 30. ¿A los otros qué les decimos? ¿Que son unos burros? ¿Que no se esforzaron?”, añadió.
Gloria Petrino continuó en esta línea, destacando que este proyecto “tiene que ver con los que nos identifica, con nuestros valores, con nuestros principios frente a la sociedad, frente al otro”. La opositora se preguntó qué pasa con los que no pueden alcanzar los primeros promedios. “¿Y los otros? ¿Y los que no tienen a nadie que los lleve y los traiga de la escuela? ¿Los que tienen que cuidar a sus hermanos y ayudar a sus padres a trabajar? Son los muchísimos más”, dijo.
La opositora Sonia Delarco, por un lado, se preguntó “cuál es la diferencia” con las escuelas rurales, donde será una beca por año en vez de tres, mientras por el otro hizo un planteo verdaderamente insólito, considerando que la beca, de $220.000, es “exigua, mínima” para poder pagar un alquiler en otra provincia y “ni hablar de si van al extranjero”.
En este sentido se la dejó servida en bandeja a la oficialista Verónica Causi, quien le recordó que el gobierno de Rodríguez Saá estaba pagando $20.736 por la beca Construyendo Sueños, y que la gestión actual elevó ese montó a $220.000, lo que supone un aumento del 1.060%. También destacó que se incrementará notoriamente el número de beneficiarios, superando los mil estudiantes.
“Si bien no todos salimos del mismo lugar, es una realidad, también es una realidad que el que se esfuerza tiene mayores posibilidades de llegar”, agregó Causi, contestando al planteo de Berardo. “No todos tenemos el mismo punto de partida, como dijo el diputado Berardo, el tema es que fueron gobierno, ¿y qué hicieron para evitar estas desigualdades?”, añadió Eugenia Gallardo.
Mucho más combativa, Gallardo también comentó que los diputados opositores estuvieron “viviendo en otro país” y que hoy en día hablan de hambre, pobreza, desnutrición “como si no hubieran estado gobernando la provincia estos últimos 8 años”. En cuanto a la Beca al Mérito, sostuvo que “quiere modificar los valores de esta sociedad, quiere que los jóvenes puedan llegar a querer ser mejor de lo que son hoy”
Asimismo, destacó el enfoque solidario de las tutorías o apadrinamientos, pero tampoco dio la letra fina de cómo funcionará esto.
Durante el debate, tanto Silvia Sosa Araujo como Claudia Pinelli mocionaron que el proyecto vuelva a comisión, pero el oficialismo y sus aliados se impusieron para que no ocurra y luego lograr la aprobación de este proyecto por 24 votos positivos a 16 negativos.
Y como ocurre en todas las sesiones, previo al debate principal del día, el oficialismo rechazó el tratamiento sobre tablas de múltiples iniciativas de la oposición, entre las que se destacó un proyecto para “instar a la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía al tratamiento del proyecto de Ley sobre Sistema Tarifario Especial de energía eléctrica”. Según la diputada Fernanda Spinuzza, implementar esta ley le costaría al Gobierno provincial tan solo un 2% de su presupuesto. “Es poquísimo el esfuerzo que tiene que hacer el oficialismo para realmente generar alivio en las facturas del pueblo de San Luis”, señaló la legisladora.
Obviamente, el proyecto fue rechazado por el oficialismo, al igual que uno, presentado por Silvia Sosa Araujo, que buscaba “expresar preocupación por el cierre de la Comisión de Seguridad Pública”. “La vemos pasear por otras comisiones, pero no abre la comisión de la que es presidenta”, dijo Sosa Araujo, apuntando contra Marisa Patafio, quien preside dicha comisión.
Otro proyecto que sí logró la aprobación el día de hoy, logrando así su media sanción, obviamente provino del Gobierno y busca reincorporar a la provincia al Consejo Vial Federal (CVF), del cual se desvinculó en 2006.
El CVF, compuesto por organismos viales provinciales y la Dirección Nacional de Vialidad, coordina la obra vial del país, discute soluciones a problemas de intercomunicación y establece el índice de coparticipación en esa materia que perciben las provincias. Este índice, que se ajusta anualmente, se basa en variables como la población, el consumo de combustible y la inversión en obras.
La diputada por Pueyrredón, Eugenia Gallardo, explicó que la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía se reunió con José La Malfa, director de Vialidad Provincial, para discutir el proyecto. “La vuelta de San Luis al Consejo aspira a fortalecer la Dirección de Vialidad Provincial y a integrarse con el trabajo que ya viene desarrollando en el resto del país”, indicó.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno destacó la importancia de la reincorporación al Consejo para defender la inversión vial realizada cada año, lo cual impacta directamente en el índice de coparticipación que recibe la Provincia.
“Estamos convencidos que volver a integrar el CVF nos va a incorporar a la planificación vial nacional. No haber estado formando parte del Consejo no hizo más que aislarnos, no permitirnos tomar decisiones ni defender esta coparticipación que nos corresponde. Tenemos que resaltar que San Luis es la única provincia que no integra este Consejo”, dijo la legisladora.
