Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de Cintia Ramírez y Miguel Berardo, secretaria de Deportes y secretario General de la Gobernación de Alberto Rodríguez Saá, respectivamente; quienes fueron imputados por 3 hechos en concurso real de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se les dictó un embargo e inhibición de bienes por $87.500.000, deben firmar el libro de imputados por 4 meses y tendrán prohibido salir de la provincia.
La causa gira en torno a la contratación directa de la empresa MyD Construcciones SRL, que además recibió por adelantado $88.270.000. La obra en cuestión tenía un costo de $152 millones y consistía en la construcción de dos canchas deportivas en la Universidad de La Punta, pero solo se realizó movimiento de suelos y la colocación de un alambrado.
“En este caso, cuando se llega a una formulación de cargo es porque hay evidencias suficientes, hay un grado de probabilidad, hay un grado de sospecha y varios elementos incorporados. En este caso, por ejemplo, surge que la empresa contratada, MD Construcciones, es una empresa que solamente le factura al Ente de Deporte. También surgen distintos tipos de informes en lo que respecta a transferencias que se han hecho, inclusive de Mercado Pago de los dueños de la empresa”, comentó el abogado Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, en declaraciones a La Gaceta Digital.
“Y toda la evidencia lleva a sostener que efectivamente se hicieron tres contratos incumpliendo los reglamentos establecidos por la norma interna que establece que si supera el monto de 5 millones no debe haber contratación directa, salvo que firme el secretario de Gobierno, además de la secretaria de Deportes Ramírez”, explicó Calderón Salomón, quien añadió que los exfuncionarios “autorizaron la obra a tres días, a horas de dejar el cargo y en el lapso de tres días pagaron el 70%”.
“O sea superaron el anticipo financiero que exige la ley de obras públicas que es un tope de 30%, y a los dos días cancelaron la totalidad. Es decir, pagaron todo y las obras no están construidas”, remarcó el abogado, destacando que esta obra se ubicaba en la Universidad de La Punta, la cual, por aquel entonces, tenía como rectora a Eugenia Caltalfamo. Para finalizar, señaló también que, al no hacer ningún tipo de licitación, “se dejó también de lado la igualdad con otros oferentes o proveedores del Estado que ni siquiera fueron anoticiados de estas contrataciones por montos considerables”.
