Este jueves, en otra sesión maratónica de 5 horas, el oficialismo del Concejo Deliberante aprobó una modificación de la ordenanza de Compras y Contrataciones Públicas del Municipio, la cual le otorga al Poder Ejecutivo, entre otras facultades, la posibilidad de realizar compras y contrataciones directas como cuando se está en una emergencia económica.
“Esta modificación busca de manera exhaustiva contemplar todas las posibles emergencias en la que se ven involucradas las compras directas y que no se pueda contemplar en ninguno de los casos previstos en el mismo artículo. Entonces incorpora un inciso para poder, de forma exhaustiva, contemplar todos los casos posibles, sobre todo los que requieran una inmediatez”, dijo el concejal oficialista Diego Videla, como miembro informante del proyecto. “También busca reducir los plazos de convocatoria y anuncios de contratación”, agregó.
Por la oposición, la primera en hablar fue Paulina Calderón, preguntando cuáles serían las compras o contrataciones “tan urgentes” y “necesarias” que se necesita esta modificación. “Tenemos ordenanzas que declaran la emergencia y en ese caso se habilitan contrataciones directas. No entiendo el espíritu”, dijo la opositora.
Por su parte, Andrés Russo, exsecretario de Gobierno de la gestión Tamayo, acusó a los concejales del oficialismo, ante las preguntas de su compañera, de un “silencio cómplice para hacer lo que se les antoje” y sostuvo que esta modificación “significa romper con el sistema de compras”.
El silencio oficialista fue roto por la presidenta del Concejo, Agustina Arancibia Rodríguez, quien sostuvo que “al sistema de compras lo rompió, de atrás para adelante, del derecho y del revés, la gestión anterior”. Luego apuntó a cuestiones que se señalaron durante el último debate de las cuentas de inversión, como las compras directas realizadas a través de entes desregulados. Por ello, apuntó a Russo como la persona a cargo de la Secretaría de la cual dependía el Ente de Noticias y Comunicaciones, que fue el ente “que más creció en su presupuesto, sin recursos propios. Lo vimos en las cuentas de inversión que no pueden rendir cuentas porque no existen los papeles”.
“Yo no administraba el ente. Lo administraba un contador que ahora es funcionario de ustedes. Empiecen a leer un chiquito”, respondió Russo cuando volvió a tener la palabra, asegurando que desde el Ejecutivo “le escondieron los papeles” que le reclamó Arancibia.
Por su parte, Mario Silvestri, presidente de la bancada oficialista, apuntó que no están seguros de que pueda continuar la emergencia económica, razón por la cual el objetivo de esta modificación es que se puedan seguir realizando compras o contrataciones directas cómo se viene haciendo desde hace años. En este contexto, cabe aclarar que el municipio vive en un estado de emergencia económica perpetuo. Independientemente de qué tan bien o mal le esté yendo a una gestión, la emergencia económica se renueva todos los años.
En base a esto, Silvestri sostuvo que con esta modificación “no se está poniendo ninguna cosa extraña. El texto no dice exactamente lo mismo, pero el fin es el mismo”.
“’Tiene que haber una norma que garantice la posibilidad de contratar como si hubiese una emergencia’. Esa es la confesión más alarmante. Porque, o están diciendo a cara descubierta que van a elegir con quién contratar, como quieran y por lo que quieran, o estamos ignorando algo que no tenemos soslayar”, respondió Alejandro Cordido, tomando las palabras de Silvestri.
El opositor, en una alocución de casi 50 minutos, aseguró que al aprobar este proyecto se están “delegando facultades” del Concejo Deliberante al Poder Ejecutivo y que el intendente pasa a tener aún más facultades que el presidente, Javier Milei. “Están legalizando lo que para ustedes hoy es un delito”, añadió minutos después, en referencia a todas las veces en que el actual oficialismo, cuando era oposición, criticaba las contrataciones directas.
Tras más de una hora de debate, el proyecto de modificación fue aprobado por 8 votos afirmativos a 5 negativos.
En cuanto al resto de la sesión, la misma estuvo marcada por temas de otros órdenes, como la adhesión de la provincia al RIGI y también el posible veto de Milei a la Ley de Financiación Universitario. Cuando se debatió este proyecto, llamó la atención que la oficialista Johana Medina salió a la defensa de la universidad pública, votando junto a la oposición que había pedido sobre tablas de este proyecto de declaración de preocupación. Aún así, los votos no alcanzaron para aprobar el tratamiento sobre tablas, ya que se necesitan 9. Cabe señalar que esta es la segunda vez que Medina muestra iniciativa propia. La primera fue en agosto, durante un polémica declaración a favor de las dos vidas.
