A partir de este sábado 5 de octubre se implementará una actualización en el boleto del interurbano para asegurar la sustentabilidad del sistema. “Esta decisión responde a los aumentos en los costos operativos necesarios para garantizar una adecuada prestación del servicio”, comunicaron desde el Gobierno.

El incremento de las tarifas oscilará entre el 6 y el 10%, según el destino. Desde San Luis Capital a Juana Koslay o La Punta, por ejemplo, esta nueva suba es del 10%, ya que pasa de $1.000 a $1.100. Sin embargo, este boleto pasará de $230 a $1.100 contando desde el 31 de diciembre hasta mañana sábado, lo que equivale a un brutal aumento del 378,5%.

Este 378,5% es claramente superior al 144,41% de inflación acumulada desde diciembre de 2023 a agosto de 2024 (los datos de septiembre todavía no están disponibles) y muy superior a los aumentos salariales otorgados por el Gobierno provincial, que no llegan ni siquiera al 50%.

“La última actualización en el precio del boleto tuvo lugar el 5 de julio, es decir, hace más de tres meses. Desde entonces, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha registrado una inflación acumulada aproximada del 12,5%. Este incremento ha impactado considerablemente los costos fijos del transporte, como escala salarial de UTA, combustibles e insumos, que han superado esa cifra. En contraste, el ajuste en la tarifa del pasaje variará entre un 6% y un 10%, dependiendo de los corredores”, continúa el comunicado del Gobierno, minimizando este aumento, sin mencionar el total en lo que va del año.

Además, aseguraron que “a fines de septiembre, se completó la segunda etapa de inversión por parte de las empresas de transporte interurbano, con la incorporación de 11 unidades 0 km, lo que suma un total de 20 nuevas unidades desde el inicio del año, lo que asegura un transporte eficiente, moderno y seguro”.

También destacaron que, tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Gobierno nacional, el sistema de transporte público en San Luis se sostiene exclusivamente con el aporte del Gobierno provincial, que ha invertido más de 5.900 millones de pesos para garantizar tanto el funcionamiento del sistema como las fuentes laborales que dependen del mismo.

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