La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por unanimidad el proyecto de Ejemplaridad y Coherencia, también conocido como el de narcotests para funcionarios del Estado. El texto fue impulsado por la legisladora Marisa Patafio, quien defendió la iniciativa argumentando que “el Estado, a través de sus representantes, debe dar un ejemplo inequívoco de congruencia”. La oposición acompañó la votación y el proyecto obtuvo media sanción por unanimidad, pero de igual manera lanzó fuertes críticas a la iniciativa, señalando que carece de verdadera aplicabilidad.
El debate comenzó con Patafio explicando las razones detrás del rechazo oficialista al tratamiento previo del proyecto, subrayando el impacto del narcotráfico en la provincia y en el país. Según cifras aportadas por la legisladora, la incautación de marihuana aumentó un 78% en 2024, lo que refuerza la necesidad de contar con funcionarios “aptos, sanos para cumplir su función debidamente”. “No se puede combatir algo cuando de alguna manera se está involucrado”, sentenció la diputada.
El diputado opositor Federico Berardo calificó el proyecto de ley como “malo” y cuestionó que, desde el Gobierno, “tuvieron que sacarlo por decreto” ya que no conseguían los votos oficialistas para respaldarlo. En este sentido, el legislador se refirió a las ausencias en el recinto, afirmando que estas se debieron a la “falta de consenso” y “claridad” en torno a la medida, la cual describió como una ley que “vende humo”. Berardo expresó que “no estamos peleando contra el narcotráfico sancionando esta ley”, apuntando que la normativa solo abarca drogas ilegales, mientras que “el problema con el narcotráfico no son solamente las drogas ilegales”. “Hay un universo inmenso de drogas legales. De hecho, cada vez más personas tienen esta enfermedad por consumir drogas legales, no ilegales”, sostuvo el legislador.
Berardo fue particularmente crítico respecto a la transparencia del proceso, especialmente en relación a la responsabilidad que caería en el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla. “Tengo que confiar en la honra de Bazla. Si le da positivo al gobernador, ¿se juntará Bazla con el gobernador y le dirá ‘che, tenés que renunciar porque te dio positivo’?”, dijo el opositor.
Las críticas de Berardo no se limitaron a la figura de Bazla, también cuestionó la exclusión del sector privado del proceso de control, y el hecho de que aparentemente será la UNSL la que realice estos tests a los funcionarios. “Pongo en duda la seriedad y los compromisos políticos del rector de la Universidad. Tengo que confiar en que Víctor Moriñigo va a informar bien y no se va a tapar ningún dato. No hay nada escrito en la ley que garantice transparencia en este sentido”, disparó.
El legislador también planteó una serie de preguntas sobre la aplicabilidad real de la ley, especialmente respecto a los posibles casos positivos, el derecho a la intimidad y el manejo de la condena social o rumores con respecto a despidos. Al respecto, señaló que la ley contempla despidos en esos casos, lo que considera problemático: “Descubriste que está enfermo y lo dejás sin obra social”.
Eugenia Gallardo, presidenta de la bancada del oficialismo, defendió con firmeza el proyecto durante la sesión, destacando su potencial para mejorar la transparencia del Estado. “Fortalecemos nuestras instituciones”, afirmó, señalando que la implementación de narcotests contribuiría a crear un gobierno “más confiable y transparente”. En su discurso, la legisladora también remarcó que provincias como Tucumán, Tierra del Fuego y Córdoba ya cuentan con leyes similares que abordan el uso de drogas por parte de los funcionarios públicos. “Es muy sensible, pero estoy convencida que hay un bien común”, añadió, aludiendo a la importancia de la medida como respuesta a las demandas de la comunidad.
Sin embargo, Silvia Sosa Araujo, diputada de la oposición, se mostró escéptica sobre la aplicabilidad del proyecto. La opositora contó que desde su bloque se comunicaron con las legislaturas y funcionarios de Salud de las provincias mencionadas por Gallardo “para ver si realmente funciona esta ley”. “Son leyes que no se aplican, que sirven para un título”, fue la respuesta que obtuvo, según relató.
Sosa Araujo profundizó en los problemas que podría generar la implementación de los narcotests en San Luis, especialmente en relación a los funcionarios del Poder Legislativo y Judicial. “En el caso de los legisladores y de los demás poderes del Estado, la Constitución establece cuál es nuestra idoneidad para ejercer un cargo público. Entonces si obligan a un legislador o alguien de la Justicia a hacerse un narcotest, no lo van a poder hacer porque no está en la Constitución”, sostuvo.
Además, la legisladora cuestionó las razones detrás de la decisión del gobernador Claudio Poggi de emitir un decreto para aplicar la medida, insinuando que no contaba con el respaldo suficiente dentro de su propio espacio político para obtener los votos necesarios. Cerrando, se preguntó quién se hará cargo del costo de estos tests, que ronda los $115.000, y si un escribano va a acompañar el proceso para ver que no cambien la orina. También remarcó que el oficialismo sacó del proyecto la parte que lo hacía extensivo a extensivo a personal de la Policía y del Ministerio de Salud. “Lo sacaron porque sabían que no se podía hacer”, aseguró.
El oficialista Carlos Pereira, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, fue uno de los últimos en hablar y comenzó señalando que “el punto de largada” de este Gobierno fue un 2023 en el que “la comercialización y tenencia de droga aumentó un 43%”. “La droga estaba en las calles de San Luis”, dijo Pereira, quien agregó que la nuestra es la “tercera provincia con mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes”.
“Tengo evidencia de que parte de la lógica narco infectó el poder político de San Luis en los últimos años e infectó a parte del Poder Judicial”, continuó el oficialista, disparando contra la gestión de Alberto Rodríguez Saá. A esto le agregó que “fiscales federales” le confirmaron que “San Luis logró llegar a ser un nodo logístico de tráfico y distribución de droga y luego se terminó convirtiendo en un nodo de consumo”.
En cuanto a lo vertido por la oposición con respecto a las violaciones del derecho a la intimidad, respondió: “Cualquier empleado público, funcionario que sienta que se ha conculcado su derecho a la intimidad, la salud o la privacidad tendrá los recursos jurídicos necesarios para poder defenderse en un estado de derecho. Pero necesitamos que ese estado no esté colonizado por el poder narco”.
“Seguramente tiene mucho para solucionar, es algo que se puede perfeccionar, pero nosotros estamos empezando por algo”, fueron las palabras de Patafio antes de cerrar el debate y pasar a la votación que aprobó el proyecto por la unanimidad de los 38 legisladores presentes.
