La semana pasada, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) dio a conocer el 3er reporte anual de su “Ranking de Eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina”. El Ministerio Público Fiscal es, en pocas palabras, un órgano del Poder Judicial que se encarga de promover la justicia y proteger los intereses generales de la sociedad, cuyas funciones incluyen, entre otras, recibir denuncias, investigar delitos y coordinar el trabajo de los fiscales. En San Luis, el mismo está dirigido por el procurador general, Luis Martínez, desde el año 2020.
Volviendo al Inacip, este instituto calificó al Ministerio Público Fiscal de San Luis como el menos eficiente de los 17 ministerios que evaluó en materia de “eficacia político-criminal”. Esta eficacia se calcula en base a la cantidad de casos penales ingresados y la cantidad de condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios logrados. En este aspecto, la eficacia de San Luis fue del 0,33% en 2022, año en el que está basado el último reporte.
En materia de números exactos, en 2022 ingresaron 19.275 casos penales y se lograron tan solo 17 condenas y 46 suspensiones de juicio a prueba. Por último, cabe destacar que no se proporcionó información sobre acuerdos reparatorios.
En el otro extremo del ranking, a la cabeza, se ubica Jujuy, con una eficacia del 18,11%. La provincia norteña logró, sobre un total de 8.209 casos penales ingresados, 1.006 condenas, 20 suspensiones de juicio a prueba y 461 acuerdos reparatorios.
Asimismo, cabe mencionar que los Ministerios de San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero no respondieron los pedidos de información del Inecip. Por ello, el ranking solo incluye 17 ministerios, siendo el de San Luis el calificado como el menos eficaz. Le sigue, de abajo hacia arriba, Santa Cruz, con un número muy similar de casos ingresados (19.275), 20 condenas, 148 suspensiones de juicio a prueba y 35 acuerdos reparatorios.
El informe de este año incluye además una sección llamada “buenas prácticas, donde se resaltan dos decisiones institucionales de Ministerios Públicos Fiscales del país que, a priori, tienen perspectivas auspiciosas en alguna de las dos dimensiones claves que determinan la tasa básica de eficacia político-criminal: los casos penales ingresados y las salidas con incidencia político-criminal”. Sin embargo, San Luis no figura en esta sección.
