Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos más que importantes: la Ley de Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales; y la adhesión a la Ley Nacional 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, conocida como Ley de Barrios Populares.
El primer proyecto, la Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales, tiene su origen en la reforma del Código Contravencional de San Luis, el cual incorpora, valga la redundancia, contravenciones relacionadas con la salud, la educación y transgresiones o violencia digital. En base a esto, el diputado Carlos Pereira, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, remarcó la urgencia de aprobar esta nueva ley de prevención antes del cierre del año escolar, remarcando la necesidad de que la “comunidad conozca lo que se ha legislado y los eventuales autores ya estén disuadidos de consumar algunas de estas contravenciones”.
En este aspecto, mencionó el trabajo realizado en la comisión que preside, partiendo de las iniciativas presentadas por los diputados Fernanda Spinuzza y Cristian Gurruchaga, a lo que se sumó la visita de un funcionario de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Desarrollo Humano, quien les informó que “ya están trabajando en un plan o campaña orientado a la prevención y concientización sobre estas violencias”. Por ello, consideró “oportunísimo” este dictamen, el cual permitirá “sinergizar nuestros esfuerzos como legisladores con los esfuerzos que realiza un gran equipo del Poder Ejecutivo”.
“Nos proponemos sancionar la creación de un plan provincial de prevención, cuyo objetivo es establecer mecanismos para prevenir, sensibilizar y evitar la violencia digital, que esté orientada al hostigamiento, la intimidación, el acoso y cualquier acto que afecte la integridad o identidad digital de las personas”, dijo Pereira, dando como ejemplo la creación de una guía de abordaje para conflictividad que se de, por ejemplo, en las aulas, con violencias como hostigamiento, acoso, sextorsión y más.
Por su parte, Fernanda Spinuzza, autora de una de las iniciativas que componen este proyecto, remarco que “esta temática va a seguir creciendo, más rápido, más violenta, y era muy necesario empezar a tener legislaciones actualizadas a las nuevas dinámicas”. Por ello, agradeció la “urgencia” con la que Pereira buscó estos dictámenes, para “de esta manera, empezar a corregir un poco, a través de las sanciones, conductas que están haciendo mucho daño”.
“Hay violencias que afectan a las infancias en su integridad física, pero también desarrollando comportamientos potencialmente patológicos, como el tema de la ludopatía. Esto empieza en casa, cuando las infancias, sin el control o la supervisión adulta está conectada a internet y naturaliza comportamientos, suplantación de identidad, cyberbullying, acoso digital, sextorsión”, dijo la legisladora, quien durante todo el año ha impulsado iniciativas relativas al mundo digital y la protección de la comunidad, especialmente de las infancias.
Señalando que muchos padres no se enteran de estas violencias que sufren sus hijos, o que no tienen las herramientas para manejarlo, Spinuzza remarcó que se necesitan políticas para concientizar a “la comunidad adulta y las infancias para que ellos mismos puedan ser garantes de su seguridad en línea”.
La legisladora cerró su discurso comentando que espera que antes de fin de año se apruebe en el Senado la modificación del Código Contravencional, para así poder a nueva etapa que incluya acciones como “brindar información sobre como denunciar esas contravenciones, qué información se adjunta, cómo se hace la presentación ante el padecimiento de una violencia”.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el aplauso de todos los legisladores presentes.
En cuanto a la Ley de Barrios Populares, este proyecto, enviado por el Ejecutivo, “responde a uno de los principales ejes del gobierno de Claudio Poggi, que apunta a la reconstrucción del tejido social fracturado que heredó luego de años de abandono”, según destacaron desde el oficialismo. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), San Luis posee 32 barrios populares distribuidos en ocho municipios, en los que habitan más de 4.000 familias.
El diputado Carlos Pereira explicó que esta normativa nacional busca formalizar la tenencia de tierras y garantizar el acceso a servicios esenciales en los asentamientos informales relevados. “Existen asentamientos en municipios del interior que no nos imaginábamos, pero que ya son barriadas consolidadas y carecen de títulos de propiedad. Esta adhesión va a ser muy importante, ya que articula con una cuestión fundamental: la seguridad jurídica y el derecho efectivo a la vivienda. Es parte de una política del Poder Ejecutivo de escrituración de viviendas sociales que carecían de ese título, lo que también permitirá darle una identidad registral definitiva al inmueble. Esto resulta beneficioso también para quienes titularizaron un inmueble y ya no están vivos, ya que sus herederos podrán disponer de él, cederlo o transferirlo”, detalló.
El proyecto de adhesión propone además la creación de un Observatorio Provincial de Barrios Populares, encargado de relevar y sistematizar datos sobre las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la situación dominial de esas comunidades.
Según un relevamiento de la dirección de Barrios Populares del ministerio de Desarrollo Humano, realizado en los 13 barrios populares ubicados en el tejido urbano de la ciudad de San Luis, el 41,5% de las familias que viven allí no cuentan con servicio formalizado de electricidad, agua de red, gas natural ni cloacas. El 32,1% sólo cuenta con uno de esos cuatro servicios y el 18,1% con dos. Esto significa que un 91,7% de las familias cuentan con apenas dos de esos servicios o incluso menos. Respecto a la infraestructura de las viviendas, un 17,6% de las familias no tiene baño.
Si bien este proyecto salió por unanimidad, hubo múltiples críticas de la oposición, la cual pidió una adhesión a la modificatoria de la Ley Nacional de Barrios Populares que el oficial no aceptó, a la vez que criticó como el Gobierno provincial es “cómplice” de la gestión de Javier Milei que ha “quitado” beneficios sociales e impulsado distintos tarifazos.
