* Nota actualizada. Ver penúltimo párrafo.
Esta mañana, el gobernador Claudio Poggi fue el primer en realizarse el narcotest, pero no en el marco de la recientemente aprobada Ley de Ejemplaridad y Coherencia, sino en el del decreto 10.936 que dictó cuando el proyecto no conseguía tracción en la Legislatura puntana. Sobre este tema informó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien además habló sobre la promulgación de la Ley y el costo que tendrá aplicarla.
“Así es que ya nos hemos puesto de acuerdo con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, concretamente con el decano, el doctor Sebastián Andújar, para que, a partir del martes próximo, en dos oportunidades en la semana, probablemente martes y jueves, vamos a concurrir el resto de los funcionarios que integramos el Gabinete Provincial para someternos también a estos exámenes toxicológicos”, dijo Bazla.
Cabe señalar que la ley establece que el proceso debe ser aleatorio, ya que si alguien sabe cuándo le va a tocar el test puede fácilmente ajustar su consumo a ello. Sin embargo, todo parece indicar que el decreto no establece esta misma aleatoriedad y que, al menos hasta que entre en vigencia la Ley, los funcionarios van a saber exactamente cuándo les va a tocar hacerse el test.
La Gaceta Digital consultó a Bazla sobre esta aleatoriedad, pero la respuesta del funcionario fue un tanto evasiva. “No es que estemos eligiendo, sino que alguien tiene que comenzar, y ha sido precisamente el gobernador de la provincia quien ha iniciado esa ronda de toma de muestras”, dijo el secretario, quien agregó que Poggi quiere dar el ejemplo.
Un dato importante que aclaró Bazla responde a críticas que realizó la oposición, señalando que también se incluye el abuso de drogas legales. “Acá estamos hablando de drogas ilegales que son las que están, obviamente, previamente definidas en los anexos que tiene la ley de estupefacientes. Y, por supuesto, incluye cocaína, marihuana y también lo que se conoce como benzodiazepinas, que concretamente es, por ejemplo, el clonazepam. Esto respecto del uso abusivo de drogas legales. Entonces estamos hablando de que el objetivo es detectar la existencia de drogas ilegales y, eventualmente, la existencia de drogas legales utilizadas en términos abusivos, porque científicamente está comprobado que el consumo de drogas legales en sentido abusivo, con un criterio, si se quiere, adictivo, también producen trastornos en la personalidad”, explicó Bazla, quien además aseguró que todo este proceso se va a realizar contemplando las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales.
“La ley obliga y comprende a la totalidad de los poderes, es decir, Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Tribunal de Cuentas de la provincia, defensor del pueblo, así todos los que se conocen como órganos extra poder. Estamos hablando también de la obligatoriedad del personal de la policía de la provincia, del servicio penitenciario y del personal de la salud. Estamos hablando en términos generales o redondeando de aproximadamente 5.800 efectivos policiales, más el personal del servicio penitenciario, más todo el personal de la salud pública que hace, y a eso sumado los funcionarios ejecutivos, los legisladores, senadores, diputados y los integrantes de las mesas directivas, más el Poder Judicial, estamos hablando de ministros del Superior Tribunal, de camaristas, de fiscales, de jueces de primera instancia, de defensores. Estamos redondeando en aproximadamente 10.000 personas”, precisó Bazla, refiriéndose a los alcances de la medida.
En este sentido, La Gaceta Digital consultó cuál es el costo de cada test, y Bazla respondió que “por 22 exámenes toxicológicos, que es esto que ha iniciado el gobernador en el día de hoy, el costo ha sido de 2.000.000 de pesos”. Esto arroja un costo de $90.909 por test, por lo que se puede estimar que el Estado podría llegar a gastar más de $909 millones en los tests para 10.000 personas.
Actualización: Tras la publicación de este artículo, el secretario Bazla solicitó a La Gaceta Digital realizar una aclaración, en la que destacó que el presupuesto de $2.000.000 es por los primeros 22 tests y que eso no significa que los próximos vayan a tener necesariamente un costo proporcional similar. “Todavía no está definido ese punto y hay que trabajar sobre las imputaciones presupuestarias. Es decir, son muchos aspectos a tener en cuenta que, obviamente, hay que respetar desde el punto de vista legal, de la Ley de Contabilidad de la provincia y todas las limitaciones que existen en ese sentido. Es decir, no hay absolutamente nada definido desde el punto de vista presupuestario sobre este tema. Solamente está definida la realización de estos 22 análisis que están en curso”, dijo Bazla, en comunicación con La Gaceta Digital.
En cuanto a qué ocurre si un funcionario da positivo, el Secretario sostuvo firmemente que “cesa en sus funciones”, al igual que si se niega a someterse al mismo. “Y una situación totalmente distinta es el caso de los policías que se rigen por un estatuto en particular. El caso del personal que está incluido dentro del Estatuto del Empleado Público. Es decir, cada persona va a tener el índice de protección y de recuperación de una eventual adicción de acuerdo al régimen legal que dirige o dentro del cual está incluido”, dijo el funcionario. “Pero por sobre todas las cosas me interesa puntualizar e insistir en que hay todo un procedimiento que se va a poner en práctica, sobre el cual está trabajando la Ministra de Salud, junto con la Ministra de Seguridad y con quien les habla, precisamente para la contención de aquellas personas que padezcan una adicción”, agregó.
