El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, y el director de Recursos Humanos, Alberto Sibert, brindaron más detalles sobre la causa judicial por certificados médicos falsos a la que se incorporó el Gobierno provincial, ya que existe un expediente abierto hace meses por certificados apócrifos presentados en diversas instituciones. En el caso del Ejecutivo, hasta el momento se detectaron 83 certificados truchos. La pareja implicada está procesada, pero han continuado vendiendo los certificados, según el fiscal. El hombre acusado es empleado de planta permanente de la administración pública provincial.
“Una cosa que también nos dimos cuenta es que esta gente había sido allanada, y lo siguen haciendo, pese a haber sido acusado estaba ya en la justicia. Es realmente indignante, una burla que sentimos a la Justicia. Después de estar acusado formalmente se seguía porque lo verificamos esta semana que pasó”, confirmó Endeiza. Agregó como dato que el hombre acusado, Augusto Toledo, hacia certificados para sí mismo.
Endeiza confirmó que el Gobierno se hizo parte como particular damnificado en la causa judicial, caratulada como falsificación de documentos públicos y privados que está en trámite contra esta pareja desde hace unos meses. Adelantó que pedirán en la Justicia “medidas mucho más rigurosas” contra los acusados como la prisión.
La pareja acusada vendía estos certificados usando el nombre de tres médicos que no están implicados en el delito de la causa judicial.
Sibert confirmó que se han detectado 83 certificados presentados por distinta cantidad de personas. “Estamos recién revisando cajas y cajas de certificados para ver a dónde llegamos con todo esto. Los certificados son variados, pero son certificados, la mayoría son de dos o tres días, pero repetidos así en excesivas cantidades de veces”, dijo el funcionario. Un certificado médico para justificar tres inasistencias se vendía a $8.000 e incluso lo mandaban a domicilio. “Estaba bastante aceitado”, dijo el fiscal.
Hasta la publicación de esta nota se detectaron la siguiente cantidad de certificados apócrifos desde noviembre de 2022 presentados por: 9 docentes, 10 de seguridad, 12 de carrera sanitaria y salud, y 52 del escalafón general.
El director adelantó que se precederá “a descontar los haberes de las personas que presentaron certificados”.
La causa judicial
A fines de septiembre, Prensa del Poder Judicial reportó que la pareja está imputada por el delito de falsificación de documentos públicos y privados luego de que un médico denunciara ante la Unidad de Abordaje Fiscal.
La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, dio por formulados los cargos contra Paola Tonelli y Augusto Toledo. Ordenó como medidas coercitivas, la firma del libro de Fiscalía por 60 días y la prohibición de salir del territorio provincial.
Desde el Poder Judicial detallaron que el 6 de marzo pasado, la Justicia tomó conocimiento de una denuncia realizada por el médico M.V., quien alertó sobre la emisión de certificados médicos falsificados con su firma y sello, y que eran ofrecidos a través de una página de Facebook. A partir de esta denuncia, se inició una investigación en colaboración con el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis.
Las pesquisas, junto con un informe de la empresa Meta, permitieron identificar a los responsables detrás de la cuenta vinculada a la venta de dichos certificados. El 6 de junio, se realizó un allanamiento en el domicilio de la pareja y se secuestraron recetarios médicos con firmas y sellos falsos, formularios de ANSES, hojas de prueba de sellos, copias de DNI, y el teléfono personal de Tonelli.
“La pericia caligráfica realizada por la licenciada Carina Bernal, del Departamento de Delitos Complejos, confirmó la falsificación de las firmas y sellos en los documentos incautados. Además, en el teléfono de Tonelli, se encontraron conversaciones que evidenciaban la venta de certificados médicos a cambio de sumas que variaban entre $1.200 y $2.000, dependiendo de la cantidad de días justificados. Los pagos se realizaban a través de Mercado Pago, utilizando una cuenta registrada a nombre de la mujer”, narró el fiscal Roche en la audiencia de formulación.
Entre los archivos recuperados, también se encontraron certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para la asignación por hijo, y libretas de salud, entre otros. Asimismo, en estados de WhatsApp, la imputada ofrecía certificados para justificaciones laborales, escolares, aptos físicos, libretas sanitarias y carnets de conducir.
A fines del mes pasado, se secuestraron 90 certificados médicos falsificados en 2 allanamientos en viviendas del barrio San Luis XXVI de la ciudad de San Luis. Se incautaron los certificados falsos con los sellos de distintos profesionales de la salud, como así también formularios, recetarios y fichas médicas en blanco de distintas instituciones.
Además, los policías secuestraron dos teléfonos celulares, una impresora y un CPU. Todo quedó a disposición de la Justicia provincial, en el marco de la investigación de la causa.
