El informe anual de la Fundación Libertad, titulado “Gasto de las Legislaturas Provinciales”, reveló que la de San Luis es la que tiene el “menor presupuesto por legislador” de todo el país. Esta cifra, “presupuesto por legislador”, se obtiene dividiendo la cantidad de legisladores por el presupuesto anual de la Legislatura. En el caso de San Luis, se trata de 52 legisladores (43 diputados y 9 senadores) y un presupuesto 2024 de $3.881.748.416, lo que arroja un “presupuesto anual por legislador” de $74.649.008.
El presupuesto por legislatura más bajo lo tiene en realidad Santiago del Estero, con $3.233.091.412, pero como tiene menos legisladores (40), el costo por cada uno de ellos es $80.827.285. Por el otro lado, en la cima del ranking se encuentra Tucumán, con 49 legisladores y un presupuesto de $63.098.678.000, lo que da un costo por legislador de $1.287.728.122.
A su vez, la provincia de Buenos Aires es la que tiene el presupuesto total más alto, $152.059.319.576, y con 138 legisladores, el costo por cada uno de ellos es de $1.101.879.127, el 3ro más alto del país. En promedio, el costo promedio por legislador del país es de 546 millones al año, un 631.51% más que el de San Luis.
Ahora, teniendo en cuenta, como ya informó este medio, que nuestros diputados y senadores cobran a la par de legisladores nacionales e inclusive del Presidente de la Nación, ¿cómo es posible que tengamos el menor costo por legislador del país? Esto es gracias al ingenio puntano que, en 2012, durante la primera gobernación de Claudio Poggi (cuando todavía era aliado de los hermanos Rodríguez Saá), impulsó una ley mediante la cual nuestros legisladores se duplicaron el salario de bolsillo, a cambio de no tener viáticos y pagarse ellos mismos sus asesores y demás personal transitorio.
Lo que hizo esa ley fue crear un “módulo extra”, equivalente al importe bruto del sueldo de los legisladores, y al mismo tiempo fijar la cantidad de cargos de planta permanente con los que cuenta la Legislatura. Muchos legisladores no cuentan el módulo como parte de su salario, o mejor dicho dieta, ya que se debería usar para gastos de personal y lo que antes se consideraban como viáticos, pero lo cierto es que este sistema no tiene prácticamente ninguna instancia de control, por lo que tranquilamente pueden presentar facturas hechas por un amigo por “gastos de asesoramiento” y quedarse ellos con todo el dinero.
De igual manera, mientras la planta de empleados permanentes de otros cuerpos legislativos, como el Concejo Deliberante de San Luis, ha crecido de manera constante, la de la Legislatura no, demostrando que este proyecto terminó siendo la mejor opción.
Por aquel entonces, cuando Poggi era rodriguezsaaista y la oposición eran el radicalismo y el kirchnerismo, la única crítica al proyecto fue del exdiputado radical Fidel Haddad. “No encuentro ningún motivo para que a ningún legislador se le de en la mano un peso más de lo que actualmente recibe. Creo que esta es una ley mentirosa y lo que hace es que cada legislador se lleve $18.000 pesos al bolsillo. En ninguna parte del texto dice que el dinero tiene que ser rendido. Dicen que lo van a poner en la reglamentación. Me parece muy mal que un legislador vote algo que tiene semejante grado de oscuridad”, expresó Haddad en diciembre de 2012.
“Los resultados de este informe muestran una vez más la necesidad imperiosa de reducir el gasto de las legislaturas provinciales. Las cifras erogadas en esta función son desproporcionadas tanto en la comparativa intra-resupuestaria como a nivel internacional. También, cuando se asocia este nivel de gasto a los proyectos presentados y/o aprobados tanto en cantidad como en calidad”, concluye el informe de Fundación Libertad.
