El Tribunal de Impugnaciones de la primera circunscripción rechazó el pedido de la defensa de Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo para revocar sus prisiones preventivas. La resolución, dictada inicialmente por el juzgado de Garantía N° 2 durante la audiencia de formulación de cargos del 26 de noviembre, fue ratificada. Así, la pareja acusada de asociación ilícita y defraudación en la administración pública continuará detenida en el Servicio Penitenciario Provincial.
La audiencia
Durante la audiencia de este lunes, el abogado defensor Federico Farías solicitó que sus clientes transiten el proceso judicial bajo prisión domiciliaria, argumentando que ambos enfrentan graves problemas de adicción que requieren tratamiento especializado. Además, señaló que los delitos imputados son excarcelables, por lo que consideró la medida de coerción “desproporcional e improcedente”. Según Farías, ninguno de los acusados tiene antecedentes penales ni recursos para fugarse.
Por su parte, el fiscal de instrucción Esteban Roche se opuso al pedido y respaldó la decisión de la jueza de Garantía Agustina Dopazo Samper, quien ordenó 30 días de prisión preventiva. Roche sostuvo: “Existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Los imputados continuaron emitiendo certificados falsos tras la formulación de cargos, lo que evidencia reiterancia delictiva. Además, los delitos se cometieron en el domicilio de los acusados, por lo que la prisión domiciliaria no es adecuada”.
El representante de Fiscalía de Estado, Santiago Salomón Calderón, coincidió con el fiscal Roche, destacando que tras ser imputados, los acusados “desafiaron a la justicia” al continuar delinquiendo. Mencionó un segundo allanamiento en la causa, que arrojó resultados positivos y reforzó la necesidad de medidas más restrictivas.
La decisión del tribunal
Luego de escuchar a las partes, el presidente del tribunal, Jorge Sabaini Zapata, confirmó la resolución de Dopazo Samper. “A los acusados se les formularon cargos y continuaron con los hechos delictivos. Esto nos lleva a considerar que no se ajustaron a derecho, aumentando el riesgo procesal de entorpecer la investigación o adulterar información”, afirmó.
El tribunal, integrado además por Yanina Del Viso y Marcelo Bustamante Marone, concluyó que la decisión de la jueza era ajustada a derecho y ratificó las prisiones preventivas.
La causa
El caso se originó por la denuncia de un médico ante la Unidad de Abordaje Fiscal, quien señaló que su sello y firma estaban siendo utilizados para emitir certificados médicos falsos, ofrecidos en redes sociales a cambio de dinero.
Tras una investigación en colaboración con el Departamento de Delitos Complejos y un informe de Meta, se identificó a los responsables. El 6 de junio, un allanamiento en el barrio San Luis 26 permitió secuestrar formularios de ANSES, sellos falsos, documentos personales y el teléfono de Tonelli, pieza clave para avanzar en el caso.
Pericias caligráficas confirmaron la falsificación, y entre los archivos recuperados se encontraron certificados de apto médico, formularios de ANSES y libretas de salud, entre otros. Tonelli incluso ofrecía estos certificados mediante estados de WhatsApp para distintos usos laborales, escolares y médicos.
La pareja fue imputada el 26 de septiembre y se le impusieron medidas de coerción, como la firma en Fiscalía y la prohibición de salir de la provincia. Sin embargo, continuaron delinquiendo, lo que llevó a un nuevo allanamiento y a la formulación de cargos el 26 de noviembre, cuando también se les dictó prisión preventiva.
En el mismo proceso, Graciela Apaza Señani fue imputada por falsificación de documentos y asociación ilícita. A diferencia de Tonelli y Toledo, Apaza recibió medidas de coerción menos restrictivas, como la firma periódica en Fiscalía y la prohibición de salir del territorio provincial.
