El trágico suicidio de Marcelo V. B., un joven de 16 años con problemas de adicciones, ha desatado una controversia entre el Poder Judicial de San Luis y el Ministerio de Salud provincial. Ambas instituciones emitieron comunicados para explicar su accionar en un caso que evidencia graves dificultades en la gestión y coordinación estatal.

El Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 1, a cargo de la jueza Natalia Giunta, afirmó que había tomado todas las medidas necesarias para garantizar la internación de Marcelo y su hermano Matías, de 17 años, también con problemas de adicciones. Según el comunicado emitido ayer por la justicia, estas medidas incluían la solicitud de informes médicos y la recomendación de internación involuntaria en la institución “Casa del Sur”, ubicada en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, destacaron que la concreción de estas internaciones se vio demorada por gestiones administrativas externas al Poder Judicial.

El comunicado judicial también reveló que en diciembre de 2024 se solicitó al Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA) “la dirección exacta de la institución, el detalle del personal de acompañamiento y la modalidad del traslado”, entre otros requisitos. En respuesta, el CPAA informó que había iniciado un expediente ante el Ministerio de Salud para gestionar una beca que cubriera los costos de ingreso de Matías. Sobre Marcelo, el CPAA habría indicado el 10 de enero de 2025 que las limitaciones del sistema de salud provincial impedían brindar soluciones inmediatas, solicitando una extensión de los plazos judiciales.

“Cabe mencionar, que dichas medidas se llevan a cabo en cumplimiento a la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 reglamentada en San Luis por la Ley I-0536-2006 que establece las formas de procedimiento en casos de internaciones fuera de la provincia, ya que San Luis no cuenta con instituciones que trabajan en base a un tratamiento ambulatorio del paciente”, destacó además el comunicado del Poder Judicial.

Por su parte, el Ministerio de Salud rechazó las afirmaciones judiciales. “Tal como fue informado por familiares del menor, desde el Ministerio de Salud, se había sugerido la internación del adolescente que sufría problemas de adicciones”, dice el comunicado ministerial, el cual asegura que, desde el 3 de diciembre de 2024, se había comunicado la disponibilidad de “Casa del Sur” para la internación de Marcelo, pero la jueza nunca remitió la orden judicial necesaria para concretarla.

Además, el Ministerio señaló errores en la información difundida por el Poder Judicial, indicando que Marcelo era el joven fallecido, y no Matías, como se había informado inicialmente. “Resulta errónea la información vertida”, manifestaron desde Salud. “A partir de este error, se suceden una serie de afirmaciones erróneas y falaces”, continúa el comunicado ministerial, que también lamentó la divulgación de información sensible sobre los menores implicados.

El caso expone las dificultades en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y su reglamentación provincial, que prohíbe las internaciones dentro de San Luis por la falta de instituciones adecuadas. Esta normativa establece que la internación involuntaria debe considerarse un recurso terapéutico excepcional y requiere dictámenes profesionales que acrediten riesgo cierto e inminente.

Mientras se suceden las acusaciones cruzadas, la familia de Marcelo enfrenta la irreparable pérdida del joven, cuyo caso pone de manifiesto la urgencia de una mejora en los mecanismos estatales para abordar las problemáticas de salud mental y adicciones.