La fiscal de Instrucción Penal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Nº 2, Antonella Córdoba, brindó una conferencia de prensa sobre el caso de Marina Silva, la oficial de policía que en octubre del año pasado mató a sus dos hijos, una niña de 7 años y un varón de 2.


Córdoba informó que la investigación penal preparatoria se encuentra en la etapa intermedia y que continúa la recopilación de pruebas. Destacó que la autoría del hecho no está controvertida y que Silva permanece con prisión preventiva, cuya prórroga fue solicitada y concedida hasta el 27 de mayo de 2025. La fiscal fundamentó esta medida en el peligro de fuga y entorpecimiento del proceso. “Recordemos que el día del hecho, el 1 de octubre del año pasado, la imputada no se queda en el lugar de la escena del crimen, sino que se fuga, entonces este es el primer dato objetivo que acredita la falta de voluntad de someterse al proceso”, explicó.

Entre las pruebas pendientes, mencionó un informe sobre movimientos en una billetera virtual y un duplicado de la tarjeta SIM de la empresa Personal para determinar la última actividad digital de la imputada, ya que Silva arrojó su teléfono celular al dique Cruz de Piedra, ubicado en cercanías a la casa donde vivía en Juana Koslay y cometió los homicidios. Además, el 25 de febrero se realizará una pericia caligráfica con el fin de contrastar escritos encontrados en la escena del crimen con documentos que Silva firmó en su desempeño como personal policial. Córdoba también remarcó que quedan “testimoniales que recabar de personas que tienen un vínculo afectivo, familiar, laboral con Silva”. Por ello consideró necesario que continúe en prisión preventiva, porque si estuviera libre “podría influir claramente en estas declaraciones”.

Consultada sobre pericias psicológicas y psiquiátricas, la fiscal señaló que no pudieron realizarse debido a una impugnación presentada por la defensa. Por otro lado, comentó que no fue posible “advertir” la decisión tomada por Silva, en base a las testimoniales que se han recavado hasta el momento. En cuanto al estado de salud de la imputada, afirmó que “su estado es óptimo y está siendo asistida por personal policial que se dedica a estas cuestiones”.

Sobre la posibilidad de un juicio oral, indicó que restan pocas pruebas por producir y que la causa podría estar en condiciones de ser elevada antes del 27 de mayo. “La fiscalía tiene la convicción suficiente de la culpabilidad y la autoría del hecho”, subrayó Córdoba.

La carátula de la causa es homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego.