El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, brindó detalles sobre la implementación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el ejercicio de la función pública, conocida como Ley de Narcotest, que establece la realización obligatoria de análisis toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.
Bazla informó que el procedimiento se llevará a cabo mediante un sorteo. “Ya hemos elaborado un registro numérico de funcionarios públicos en donde cada uno estamos identificados con un número que solamente obra en conocimiento de la autoridad de aplicación”, explicó. A partir de este registro, la Caja Social y Financiera de la provincia realizará sorteos para determinar qué funcionarios deberán someterse a los análisis. El primer sorteo será el miércoles 5 de marzo y seleccionará a 100 funcionarios. Las notificaciones se enviarán el 6 de marzo y las muestras se tomarán el 7 de marzo. “Esto hasta completar la totalidad de integrantes del registro de funcionarios”, precisó Bazla.
Cabe recordar que los primeros tests no se realizaron de manera aleatoria, como indica la Ley, sino que, amparándose en un decreto que regía en aquel momento, el gobernador Claudio Poggi se lo hizo cuando él lo decidió, mientras que Bazla anunció cuando se lo tenían que realizar ministros y secretarios de Estado.
Los costos de los estudios, estimados “entre 40 y 50 mil pesos” por análisis según la última valuación de la Universidad Nacional de San Luis, serán afrontados por los propios funcionarios. “No va a ser el pueblo de la provincia de San Luis quien solvente o quien se haga cargo de esta garantía de idoneidad que forma parte de la demostración de no poseer rastros de consumo de drogas ilegales”, dijo el secretario.
El anuncio de que los funcionarios pagarán su propio test llega luego de las críticas que surgieron luego de conocerse los costos de las pruebas y a cuántas personas alcanzaría, totalizando alrededor de 900 millones de pesos. De igual manera, los testeos que se realizarán en una segunda etapa al personal de seguridad y de salud pública, si serán cubiertos por el Estado.
El funcionario también explicó que quienes se nieguen a realizarse el test serán sancionados. “Está previsto en la ley y en la reglamentación que quien se niegue a someterse al análisis toxicológico va a ser considerado una falta grave”, indicó. En el caso del Poder Ejecutivo, esto implicará el cese en el ejercicio de las funciones. En el Poder Judicial, se notificará al jurado de enjuiciamiento, mientras que en el Legislativo se informará a las autoridades correspondientes para evaluar un posible juicio político.
De igual manera, aclararon que si un funcionario resulta positivo en el test, se ofrecerá asistencia a través del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones. Asimismo, podrá solicitar que se haga una segunda prueba. “Se realizaría con la misma muestra que se tomó al comienzo, es decir, no es una muestra diferente. No es que tenga que tener una nueva muestra de orina, sino que al momento de la primera toma de muestra, la cantidad de orina se divide en dos frasquitos, uno se somete al primer análisis y el segundo queda reservado”, explicó Bazla.
Finalmente, el secretario de Ética Pública subrayó que la ley busca evitar que funcionarios públicos estén “de los dos lados del mostrador”. “Si estoy consumiendo cocaína, la estoy comprando, la estoy adquiriendo en un circuito ilegal. Por lo tanto, no puedo al día siguiente, como funcionario público, firmar un decreto, tomar una decisión que afecte a toda la ciudadanía, no puedo dictar una sentencia o formular una acusación de corte judicial, o no puedo legislar porque estaría convalidando una situación absolutamente ilegal”, concluyó.Los estudios estarán a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis y consistirán en pruebas de orina para detectar la presencia de sustancias ilegales como cocaína, éxtasis, anfetaminas, opiáceos y marihuana. La obligatoriedad alcanza al gobernador, el vicegobernador, ministros del Ejecutivo, legisladores, jueces, fiscales y demás funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al Tribunal de Cuentas y al defensor del Pueblo.
